INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS BARBOSA, MARCO ANTONIO SOBRE 258 1RA PARTE - COHECHO ACTIVO

Actor/Recurrente: Defensa particular del Sr. Marco Antonio Barbosa (Dr. Rolando Landolfi) Demandado/Tribunal de Primera Instancia: Juzgado de Primera Instancia PCyF nº 18 (Magistrado que dictó la medida de prisión preventiva) Objeto de la demanda: Recurso de apelación contra la decisión que rechazó la morigeración de la prisión preventiva de Marco Antonio Barbosa y solicitó, alternativamente, la modificación de la calificación legal del hecho nº 2 (lavado de activos del art. 303 inc. 1 CP al art. 303 inc. 4 CP).

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó íntegramente la decisión de primera instancia, mantuviendo la prisión preventiva de Marco Antonio Barbosa durante lo que dure el proceso. Rechazó los agravios de la defensa respecto de la morigeración solicitada y las reservas efectuadas fueron tenidas presentes. Fundamentos principales de la decisión: "La razón que sustenta a las medidas de coerción procesal –es decir, de injerencia estatal en derechos constitucionales– reside en brindarles a los órganos del Estado los medios necesarios para poder cumplir con los fines del proceso: la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho material. En ese marco, tales medidas deben revestir la calidad de necesarias, idóneas y proporcionales." La Cámara destacó que aunque la defensa argumentaba cambios en la calificación legal que reducirían la pena en expectativa (de 3 a 10 años a multa), esto resultaba irrelevante porque: "aún en el caso de no considerar la conducta de lavado de activos que la defensa discute, la escala resultante de los restantes sucesos que le fueron atribuidos a Barbosa oscila entre los cinco (5) y los cincuenta (50) años de prisión, lo que arroja que, en caso de que se dicte una condena en el marco de este caso, aquella no podría ser dejada en suspenso." Aspecto crítico respecto del peligro de entorpecimiento: "En un escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado... la evaluación de los riesgos no puede ceñirse al arraigo o al modo en que se comportan formalmente los involucrados dentro del proceso penal para desechar de allí y sin más la posibilidad de fuga o el entorpecimiento de la pesquisa... es el mismo contexto que facilita la comisión de hechos de corrupción... el que debe ser atendido a la hora de evaluar los parámetros objetivos dirigidos a evitar que la investigación se vea frustrada." La Cámara consideró que "el avance de la investigación y las evidencias halladas en contra del aquí imputado hacen que, en la actualidad, el arresto domiciliario ya no sea una opción viable para conjurar los riesgos procesales verificados, y vuelven necesaria la detención cautelar", en particular porque: Barbosa ocupaba cargo jerárquico como comisario de la División Fraudes Bancarios; contaba con influencias en fuerzas de seguridad; aún restaban medidas de prueba pendientes; y se presume participación de otros funcionarios involucrados que podrían ser alertados.