INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS C, L. D SOBRE 149 BIS - AMENAZAS

Actor: Ministerio Público Fiscal (Fiscalía PCyF Nº 40) Demandado: Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 Objeto de la demanda: Recurso de apelación contra decreto que requería la remisión del legajo de investigación como condición previa a la fijación de audiencia para resolver sobre suspensión del proceso a prueba (art. 218 CPPCABA).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó in limine el recurso de apelación, confirmando que el fiscal debe cumplir con lo dispuesto por el magistrado de grado. La mayoría consideró que la decisión recurrida no constituye un decreto expresamente apelable y que el representante fiscal no acreditó un gravamen de imposible reparación ulterior. Fundamentos principales de la decisión (mayoría
- Dres. Marum y Vázquez): > "No obstante, cabe adelantar que el representante del Ministerio Público Fiscal no logró demostrar que la decisión que cuestionó, le genere un perjuicio actual que habilite la procedencia del recurso de apelación, por lo que debe ser rechazado sin más trámite. En efecto, el resolutorio apelado se trató de una medida de carácter operativo que no implicó decisión de mérito alguna y, por ende, no es susceptible de generar gravamen." La Cámara sostuvo que como condición previa a la facultad de acordar la suspensión del proceso a prueba, es necesaria la existencia de un delito y de una persona determinada a quien se le impute el hecho: > "De allí cabe concluir en el ejercicio jurisdiccional de interpretar el texto legal que no aparece negado por el sistema acusatorio vigente, que el juez debe constatar la existencia de al menos: a) un proceso penal iniciado y tramitado de conformidad con lo establecido por las normas legales vigentes; y b) la imputación de un suceso fáctico que se caracterice por un umbral mínimo de verosimilitud que permita predicar acerca de la existencia de un posible delito." Precisó que esta exigencia no implica avasallamiento de facultades del MPF: > "En consecuencia, consideramos que lejos de importar un avasallamiento a las facultades del MPF como titular de la acción, el conocimiento de los elementos de la causa significa el cumplimiento obligatorio e indelegable, por parte del juez del caso, de su rol de garante." Voto en disidencia (Dr. Carlos Fel Rolero Santurian): El Dr. Rolero Santurian consideró que, si bien la admisibilidad era minoritaria, el requerimiento del juez se extralimitaba en sus facultades. Argumentó que el art. 218 CPPCABA establece un trámite claro: convocación a audiencia oral previa a resolver sobre la suspensión, sin exigir evaluación previa de solidez de hipótesis fiscal ni análisis exhaustivo de prueba. Enfatizó los principios del sistema acusatorio: oralidad, inmediación y resolución de controversias en audiencia. Propuso revocar lo resuelto y que el magistrado fijara inmediatamente la audiencia prevista legalmente, argumentando que la dilación temporal solo perjudica al justiciable.