INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS C. T, R. F SOBRE 189 BIS (2) - TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL

Actor/Recurrente: Defensa de R. F. C. T. (imputado) Demandado: Estado (recurso penal contra sentencia condenatoria) Objeto de la demanda: Impugnación de sentencia condenatoria por tenencia simple de estupefacientes (art. 14, ley 23.737), cuestionando: (a) la legalidad de la requisa policial; (b) la omisión de valorar la supuesta condición de adicto del imputado; (c) la errónea aplicación de los parámetros de determinación de la pena.

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal hizo lugar parcialmente al recurso. Confirmó la condena por tenencia simple de estupefacientes, pero modificó la pena, reduciéndola de dos años y seis meses a un año y seis meses de prisión de ejecución en suspenso, manteniéndose la multa de $225. Fundamentos principales de la decisión: 1. Sobre la ilicitud de la prueba: La Cámara rechazó el planteo de que la requisa fue realizada sin "semi plena prueba" previa. Sostuvo que la sentencia de primera instancia correctamente aplicó los artículos 85, 119 del Código Procesal Penal y 92 de la Ley 5.688, en tanto la requisa personal se realizó en contexto de urgencia al advertirse una situación de comercialización de estupefacientes en vía pública. La Cámara explicó: "la formación y la fijación de los recuerdos en la mente humana se basa en los elementos centrales de un suceso y, contrariamente, los elementos periféricos de ese suceso, como por ejemplo los detalles accesorios, se pueden ir desdibujando con el transcurrir del tiempo". Las diferencias menores en los testimonios de los policías responden a fallas normales de memoria tras más de un año transcurrido desde el operativo, sin afectar cuestiones esenciales del procedimiento. 2. Sobre la ausencia de testigos de actuación: El tribunal consideró que el art. 56 del Código Procesal Penal autoriza a prescindir de testigos de actuación cuando concurren "especiales circunstancias de tiempo y lugar debidamente justificadas". En el caso, la urgencia de neutralizar el cuchillo detectado durante el cacheo preventivo impidió convocar testigos, sin que ello viciara la requisa. 3. Sobre la alegada condición de "enfermo": La Cámara desestimó el agravio relativo a la omisión de valorar una causal de exclusión de punibilidad por adicción. Destacó que fue el propio imputado quien declaró en juicio no consumir estupefacientes desde hacía tres años, por lo que no existía prueba que demostrara un consumo problemático que justificara una medida de seguridad en lugar de pena. 4. Sobre la determinación de la pena (punto acogido): La Cámara consideró que la sentencia de primera instancia incurrió en error al fijar la pena de dos años y seis meses, por encima del doble del mínimo legal. Aunque reconoció como agravante la comisión en zona vinculada a comercialización de estupefacientes, la Cámara sostuvo que no se ponderó adecuadamente los factores atenuantes: la marcada fragilidad social, económica y laboral del imputado (estudios primarios, vendedor ambulante con ingresos apenas superiores al salario mínimo), que implican baja capacidad de autodeterminación; y la exigua cantidad de droga secuestrada (13,68 gramos de cocaína con pureza del 67%), que configuró "una puesta en peligro de menor intensidad para la salud pública". En consecuencia, redujo la pena corporal al extremo inferior de la escala penal.