INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS G. I, M. D SOBRE 5 C - COMERCIO DE ESTUPEFACIENTES O CUALQUIER MATERIA PRIMA PARA SU PRODUCCIÓN /TENENCIA CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN

Actor/Recurrente: Ministerio Público de la Defensa (defensa técnica del imputado M. I. G.) Demandado/Contra quién: Resolución de la Dra. María Araceli Martínez, Jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 29 Objeto de la demanda: Apelación contra la resolución de 26 de enero de 2026 que rechazó la nulidad de la detención y requisa, y dispuso la prisión preventiva del imputado M. I. G. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. c) Ley 23.737).

¿Qué se resolvió?

La Cámara de Casación y Apelaciones confirmó íntegramente la decisión de primera instancia: se rechazó el planteo de nulidad de la detención y requisa, y se mantiene la prisión preventiva mientras dure el proceso, fundada en los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara rechazó el planteo de nulidad argumentando que "la validez del accionar policial no puede supeditarse a la existencia de un registro fílmico, ya que de ser así, el ejercicio de las facultades inherentes de los preventores dependería exclusivamente del emplazamiento de las cámaras de seguridad y no de los presupuestos normativos que rigen el procedimiento". En cuanto a la procedencia de la requisa, sostuvo que "el art. 119 del CPPCABA habilita a las autoridades de prevención a realizar requisas sin orden judicial cuando existan circunstancias de urgencia o flagrancia", y que en el caso se cumplió la diligencia correctamente, con intervención inmediata del fiscal. Respecto a las objeciones sobre inconsistencias entre declaraciones policiales y videos, la Cámara concluyó que "tales cuestiones se remiten a cuestiones de hechos y prueba que deberán ser tratadas en la etapa de debate". Sobre la prisión preventiva, la Cámara consideró que "la propia letra de la ley, art. 185 CPPCABA, habla de 'elementos de convicción suficientes para sostener, provisoriamente, la materialidad del hecho'", y que en el caso existe "un juicio provisorio" basado en "elementos de convicción suficientes". Respecto del arraigo, confirmó la calificación como "sumamente endeble" por: residencia en hotel sin domicilio fijo, vínculo afectivo frágil con su pareja (separados y recientemente reconciliados), inconsistencias sobre su actividad laboral, y especialmente su situación migratoria irregular: "el Sr. G. I. ingresó al país en el año 2015 en calidad de turista y, pese a las diversas intimaciones cursadas por la Dirección Nacional de Migraciones, nunca demostró interés por regularizar su situación migratoria". La Cámara rechazó la caracterización de discriminación, afirmando que las observaciones de la jueza de grado "no pueden calificarse como arbitrarias o discriminatorias". Finalmente, concluyó que la medida cautelar es "necesaria, idónea y proporcional" en función de los antecedentes condenatorios (tres años en 2019 y dos años en 2021, ambas por tenencia simple de estupefacientes), lo que hace que "irremediablemente la sanción que se imponga en caso de que se compruebe su responsabilidad en este hecho, será de efectivo cumplimiento y deberá ser declarado reincidente", sin acceso a libertad condicional.