INCIDENTE DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS GODOY, PATRICIA MALVINA Y OTROS SOBRE 238 4 - ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD AGRAVADO POR PONER LAS MANOS EN LA AUTORIDAD

¿Qué se resolvió en el fallo?

Quién demanda (Actor): Dr. Gabriel Esteban Unrein, titular de la Fiscalía de Cámara Este A quién se demanda (Demandado): Contra la resolución de la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Qué se reclama (Objeto de la demanda): Impugnación de la resolución que rechazó in limine el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra una orden de remisión de legajos de investigación relativos a personas detenidas en flagrancia (Mauricio Francisco y Patricia Malvinas Godoy, y Cristofer Guillermo Rotundo) que fueron posteriormente liberadas. Qué se resolvió (Decisión del tribunal): La Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal establece dos requisitos acumulativos para la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad: (i) que exista una sentencia definitiva, y (ii) que se haya controvertido la interpretación o aplicación de normas constitucionales. Respecto del primero, la Cámara afirma: > "En cuanto a ese primer requisito, debemos indicar que la consecuencia que proyecta el pronunciamiento cuestionado es, simplemente, el emplazamiento al MPF para que envíe, a través del sistema EJE, el legajo de Mauricio Francisco y Patricia Malvinas Godoy, y Cristofer Guillermo Rotundo –quienes fueran detenidos y posteriormente liberados en el marco de las presentes–, antes de que el caso saliera de la órbita de flagrancia, lo que, ya de por sí, no constituye una decisión de mérito." La Cámara rechaza el argumento de que la decisión sea equiparable a sentencia definitiva por sus efectos, enfatizando que "la remisión del legajo que pretende evitar" no genera "una consecuencia jurídica concreta e irreversible" ni "impide o desplaza al MPF de su función inherente, ni le quita a esa parte la potestad de continuar con la acción penal de forma adecuada en el presente caso". Respecto de la "gravedad institucional", el tribunal cita al Tribunal Superior de Justicia: > "la invocación de la doctrina de la 'gravedad institucional', elaborada por nuestro máximo tribunal, 'no puede prosperar cuando no aparece respaldada por un fundamento idóneo para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o principios institucionales básicos de la Constitución nacional'". En cuanto al segundo requisito (existencia de cuestión constitucional real), el tribunal concluye que los agravios del fiscal constituyen meramente críticas a la interpretación de normas procesales (arts. 280, 288, 292 y 164, 184 del CPPCABA), materia que resulta ajena a la competencia del Tribunal Superior de Justicia. La Cámara señala: > "bajo el ropaje de un planteo de índole constitucional, el recurrente no hace más que esbozar un desacuerdo con el modo en el que esta alzada interpretó las normas procesales aplicables y los hechos del caso." Finalmente, respecto de la tacha de arbitrariedad, el tribunal sostiene que "el recurrente no demuestra que la resolución cuestionada haya omitido valorar el derecho vigente o las circunstancias del caso, o bien, que no haya brindado las razones que cimentaron el rechazo in limine del recurso de apelación".