INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS B, F. G SOBRE 239 - RESISTENCIA O DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD - Número: INC97594/2024-2

Actor/Apelante: Defensa particular del imputado F. G. B. Demandado/Apelado: Magistrada del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29 Objeto de la demanda: Dos recursos de apelación: (1) contra el rechazo del planteo de nulidad de la ampliación del objeto de la audiencia de probation; (2) contra el rechazo de la imposición de costas a la denunciante M. F. V.

¿Qué se resolvió?

- Se declaró inadmisible el recurso dirigido a cuestionar el punto III (rechazo de nulidad) por carecer de gravamen irreparable.
- Se confirmó el punto II referido al rechazo de la imposición de costas a la denunciante. Fundamentos principales: "En principio y en cuanto a aquel que se dirige a cuestionar el rechazo del planteo de nulidad de la ampliación del objeto de la audiencia incoado por la defensa, si bien es criterio del tribunal que los cuestionamientos de tal tenor son susceptibles de generar un gravamen irreparable que habilita la procedencia formal del recurso, en el caso bajo examen, cabe adelantar que, sin dificultad alguna de la compulsa de las actuaciones, se colige que no se advierte del caso ni surge de los cuestionamientos efectuados dicho gravamen... el recurrente no logró demostrar cual fue la específica y concreta afectación que le generó el acto cuestionado." En relación a las costas: "En segundo lugar, en consonancia con lo expresado por la a quo, la petición de la denunciante de constituirse como querellante en el proceso representó el ejercicio de un derecho que —pese a haber sido excitado extemporáneamente— creyó legítimo y razonable... de las actuaciones glosadas al presente, se vislumbra que la denunciante, M. F. V., articuló su pretensión bajo la creencia de que —en aquel momento— contaba con el derecho de constituirse como parte querellante, y no con una finalidad dilatoria o mala fe procesal." Se aplicó el art. 356 del CPPCABA que permite eximir del pago de costas cuando existe razón plausible para litigar, considerando que la denunciante actuó de buena fe en su intento de constituirse como querellante, sin demostrar mala fe ni conducta procesal abusiva.