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FCA S.A. De Ahorro Para Fines Determinados CONTRA DIRECCION GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR SOBRE RECURSO DIRECTO SOBRE RESOLUCIONES DE DEFENSA AL CONSUMIDOR

FCA SA de Ahorro para Fines Determinados impugnó el incremento de multa dispuesto por la autoridad de protección al consumidor por incumplimiento de publicación de sanción. La Cámara rechazó el recurso directo, confirmando que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor actuó dentro de sus facultades legales al incrementar la multa en $110.000 conforme el art. 21 de la Ley 757.

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Actor: FCA SA de Ahorro para Fines Determinados Demandado: Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) Objeto de la demanda: Declaración de nulidad de la disposición DI-2023-998-GCABA-DGDYPC que incrementó una multa en $110.000 por incumplimiento de la obligación de publicación de acto sancionatorio, conforme lo previsto en el art. 21 de la Ley 757. Antecedentes: Un consumidor denunció a FCA por incumplimiento de plazos en entrega de vehículo. Las partes celebraron acuerdo conciliatorio homologado. Posteriormente, por incumplimiento de ese acuerdo, la DGDyPC impuso multa de $110.000 y ordenó la publicación del acto sancionatorio. FCA pagó la multa pero no acreditó la publicación. Ante el incumplimiento, la DGDyPC incrementó la multa en $110.000 adicionales.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso directo, confirmando la validez del acto administrativo que incrementó la multa. La Cámara sostuvo que la DGDyPC obró dentro de sus facultades legales conforme el art. 21 de la Ley 757. Fundamentos principales de la decisión: "[E]l texto de la ley 24.240 constituye el derecho sustancial que es dictado por el Congreso de la Nación y rige en todo el territorio de nuestro país –de conformidad con el inc. 12, art. 75, CN– y luego cada estado local dicta las reglas de procedimiento –tal como reconoce el propio texto de la ley 24.240–" y que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 757, que establece el procedimiento a seguir en el ámbito local en la aplicación de las normas de defensa del usuario y consumidor. "Los derechos tutelados por las normas que reglamentan las relaciones de consumo, por concitar un interés general, son de orden público, y por ende, no disponibles por las partes, fundado en el especial interés que tiene el Estado en la protección de la parte más débil." Corresponde la aplicación del principio in dubio pro consumidor. "Es claro, pues, que al motivar su decisión, la demandada destacó que, al incumplir la publicación ordenada, la omisión de la actora había afectado el derecho a la información de los consumidores; derecho que se encuentra protegido tanto por la Constitución Nacional (art. 42) como en la local (art. 46). No se advierte, pues, que sea exigible un detalle pormenorizado de los perjuicios sociales que supone el incumplimiento de esta obligación que la ley coloca en cabeza de la empresa infractora, toda vez que el acto expuso, en términos claros, que la falta de publicación afectaba el derecho a la información del público consumidor." "La redacción del art. 21 de la ley 757 vigente al dictarse dicho acto establecía que '…la Autoridad de Aplicación podrá incrementar el monto de la multa aplicada hasta el 100% del valor de la misma, o efectuar la publicación correspondiente a costa del infractor'. Es claro, pues, que al decidir el incremento de la multa, la DGDyPC obró dentro de las facultades conferidas por la ley." Votos: Los jueces Pablo C. Mántaras y Fabiana H. Schafrik adhirieron en lo sustancial al voto del juez Carlos F. Balbín. Costas: Condenación al pago de costas por aplicación del principio de la derrota (art. 64 del CCAyT). Regulación de honorarios: Se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes en la suma de $741.315, conforme lo establecido en el considerando V del voto del juez Balbín.

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