INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS V., J. A. Y OTROS SOBRE 92 - AGRAVANTES (CONDUCTAS DESCRIPTAS EN LOS ARTÍCULOS 89 / 90 Y 91)

Actor/Apelante: Defensora Oficial, Dra. Victoria Inés Almada (en representación del imputado V., J. A.) Demandado/Apelado: Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 (Dra. Andrea Bettina Mobillo) Objeto de la demanda: Cuestión de competencia material. La defensa cuestionó la competencia de la justicia penal, contravencional y de faltas local para continuar interviniendo en un proceso donde se imputaban delitos de abuso sexual simple (art. 119 CP) y privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 141 y 142 CP), figuras que no integran el catálogo de competencias transferidas a la jurisdicción local.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la resolución de primera instancia que rechazó el planteo de incompetencia y permitió que la causa continúe ante la justicia local. La investigación preparatoria ya había finalizado íntegramente bajo dirección de órganos locales, el Ministerio Público Fiscal había requerido el caso a juicio, y la causa se encontraba en etapa intermedia pendiente únicamente de la audiencia de admisibilidad de prueba. Fundamentos principales de la decisión: 1. "Ahora bien, ello no significa que la sola circunstancia de que en una imputación concurran delitos transferidos y otros aún no transferidos determine, automáticamente, cualquiera sea el estado del proceso, el desplazamiento de la competencia ya ejercida por la justicia local. Antes bien, la resolución del conflicto exige atender a las particularidades del caso concreto y al momento procesal en que la cuestión fue introducida." 2. "En el presente caso, reviste especial significación que el planteo de incompetencia no fue formulado al inicio de la investigación ni durante el desarrollo de la actividad instructora, sino una vez concluida la investigación preparatoria y presentado el requerimiento de juicio por parte del MPF. En consecuencia, al momento de dictarse la resolución recurrida, la actividad investigativa ya había finalizado y la causa transitaba la etapa intermedia del proceso, encontrándose pendiente aun únicamente la celebración de la audiencia de admisibilidad de la prueba." 3. "En tales condiciones, admitir el desplazamiento de la competencia recién al finalizar la investigación importaría desconocer la actividad jurisdiccional regularmente desplegada y frustraría los principios de continuidad, economía procesal y buena administración de justicia que informan la resolución de este tipo de conflictos." 4. La Cámara se apoyó en el precedente "Giordano" del Tribunal Superior de Justicia, que estableció: "[E]n caso de que se deba resolver un conflicto como el del sub lite y que sea necesario atribuir el conocimiento de la causa a un solo magistrado, este deberá decidir sobre la totalidad de los delitos imputados de competencia ordinaria, con independencia de la delimitación trazada por los convenios" y que "Razones de mejor y más eficiente administración de justicia exigen evitar que, una vez determinada la competencia por este Tribunal, se susciten nuevos conflictos de este tipo a medida que avance el proceso."