B., M. V. CONTRA GCBA SOBRE RECURSO DIRECTO DE REVISIÓN POR CESANTÍAS Y EXONERACIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: M. V. B. (médica del Hospital dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) Demandado: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) Objeto de la demanda: Revisión judicial de la Resolución Nº RESOL-2022-2455-MSGC que dispuso la cesantía de la actora, alegando nulidad por vicios en el procedimiento, motivación, finalidad y causa. La actora denunció ser víctima de violencia laboral, de género y discriminación sistemática desde 2017 por parte de su jefe directo, afirmando que el sumario administrativo y subsecuente cesantía fueron represalias por su denuncia formal en el Ministerio de Salud del GCBA del 30/08/2018. Decisión del tribunal: Se hizo lugar al recurso directo. Se declaró la nulidad de la Resolución Nº RESOL-2022-2455-MSGC; se reconoció una indemnización por daños y perjuicios (daño material equivalente al 50% de los salarios dejados de percibir desde el 14/07/2022, más daño moral de $2.500.000); se impusieron las costas al GCBA. Fundamentos principales: "[N]o pueden establecerse reglas que resulten a priori aplicables a todas las situaciones sino que, en cada caso puntual, el órgano jurisdiccional debe analizar si el acto sometido a su revisión se encuentra debidamente motivado... si bien no existen formas rígidas para el cumplimiento de la exigencia de motivación explícita del acto administrativo, la cual debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo, no cabe la admisión de formas carentes de contenido, de expresiones de manifiesta generalidad o, en su caso, circunscribirla a la mención de citas legales, que contemplan sólo una potestad genérica no justificada en los actos concretos" (Fallos 314:625, CSJN). El tribunal enfatizó que "la Administración explicitó cuáles fueron las pautas que —en este caso concreto— determinaron la aplicación de la cesantía. De lo expuesto, a mi criterio, surge que no ha habido suficiente motivación para dar cuenta de la medida expulsiva, resultando, en tenor de las circunstancias de la causa, irrazonable y desproporcionada". Asimismo, "tampoco se ponderó la aplicación de otras medidas disciplinarias previstas en la norma (por caso, apercibimiento o suspensión, antes citados) o incluso, y como fuera requerido por la actora, el traslado a otro no comonio". Resultó especialmente relevante que "las actuaciones del caso sean analizadas también con perspectiva de género", conforme la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal concluyó que "el acto administrativo que ordenó la cesantía de la actora debió tratar los argumentos y la documental aportadas, referidos a la situación de violencia, correspondiendo a la Administración considerar la propia condición de mujer y, de resultar pertinente, desarrollar el marco de acción conteste con los hechos acaecidos". La pericia psicológica y psiquiátrica estableció que la actora "no se encontraba en condiciones de desempeñarse en el Hospital… dado que el trastorno de ansiedad que presentaba surgió como respuesta a la exposición de factores estresantes externos vinculados a situaciones generadas exclusivamente en ese lugar de trabajo", lo que demostraba que un traslado habría sido viable.