INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS C., G., G.L. SOBRE 149 BIS - AMENAZAS

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal Demandado: C., G., G.L. (imputado) Objeto de la demanda: La fiscalía solicitó la fijación de una audiencia de prisión preventiva conforme al artículo 185 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPPCABA), tras la revocación de la condicionalidad de una pena de tres años de prisión. El juez de primera instancia rechazó esta solicitud sin convocar a audiencia. Decisión del tribunal: Por mayoría, la Cámara de Casación y Apelaciones revocó el decreto del 4 de junio de 2026 y ordenó remitir las actuaciones a primera instancia para que se imprima al planteo el trámite previsto por el ordenamiento procesal, conforme lo decidido. Fundamentos principales: Los jueces Cavaliere y Bosch expresaron en su voto mayoritario: "La decisión apelada no rechazó el pedido cautelar luego de analizar los presupuestos, sino que impidió su tratamiento al denegar la convocatoria de la audiencia prevista por el art. 185, CPPCABA. De este modo, privó a las partes del ámbito propicio para debatir sobre la procedencia de la medida de coerción solicitada." Señalaron asimismo: "La circunstancia de que esta Sala hubiera señalado, al resolver la apelación anterior (del día 2 de junio del año en curso), que la confirmación de la revocación de la condicionalidad de la pena no determinaba por sí sola la inmediata ejecutoriedad de la medida, no importó excluir la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal promoviera las medidas cautelares que estimara pertinentes para asegurar los fines del proceso." Concluyeron: "De hecho, al denegar la convocatoria a la audiencia mencionada, el juez terminó anticipando un pronunciamiento sobre la procedencia de la cautelar pretendida, cuestión que debía ser debatida y resuelta en el ámbito propicio para ello." Voto en disidencia: El juez Sergio Delgado votó por declarar inadmisible el recurso, argumentando que la ley 6924 no autoriza el encierro cautelar como medio de ejecutar condenas de cumplimiento efectivo, siendo los únicos mecanismos la semidetención y las tareas para la comunidad. Además, señaló que duplicar las medidas cautelares ya solicitadas por la fiscalía nacional violaría la garantía de ne bis in idem.