INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS FERNÁNDEZ, JORGE SOBRE 90 - PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN LA VÍA PÚBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE (ART. 85 SEGÚN LEY 1472)

Actor/Demandante: Jorge Rubén Fernández Demandado: Estado (a través del Ministerio Público Fiscal y fuerzas de seguridad) Objeto de la demanda: Control de legalidad del procedimiento policial realizado el 27 de diciembre de 2025, en el que fue detenido, requisado y se le incautó una trincheta azul con hoja metálica. La defensa cuestionó la ilegalidad del procedimiento por violación de garantías constitucionales (derecho a la libertad ambulatoria).

¿Qué se resolvió?

En primera instancia (12/06/2026), el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 declaró la nulidad del procedimiento policial y sobreseyó a Fernández, considerando que no existían indicios objetivos y razonables que justificaran la intervención policial sin orden judicial previa. La Cámara de Casación y Apelaciones (Sala III) declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, confirmando así indirectamente la decisión de primera instancia. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal sostuvo que el recurso del Ministerio Público Fiscal carecía de un agravio concreto y genuino que permitiera su tratamiento. En palabras del juez Mahiques: "Resulta abiertamente inconsistente pretender fundar un agravio concreto que, como se indicó, constituye un inexorable requisito para la procedencia de un recurso, a partir de un acto a través del que, en definitiva, no se hizo más que exteriorizar el desistimiento y desinterés en la acusación". El tribunal evidenció la contradicción central del Ministerio Público: por un lado, argumentaba que la causa se encontraba archivada desde el 31/03/2026 (cesando la acción contravencional), lo que según su tesis le impedía impugnar la nulidad; pero, simultáneamente, afirmaba que podría reabrirse en el futuro. El tribunal concluyó: "Ciertamente, a tono con lo señalado por el Sr. Defensor ante la Cámara, se advierte que el Ministerio Público se agravia de un presunto exceso jurisdiccional a partir de considerar que a consecuencia del temperamento adoptado ya no existe un caso; al tiempo en que critica que se le impide la posibilidad de reabrirlo en lo sucesivo en circunstancias que por lo demás, y ya desde sus propios calificativos, se presentan absolutamente improbables e inciertas". La Cámara aplicó el principio de que para la admisibilidad de recursos debe existir un concreto interés jurídico y un agravio no meramente hipotético o conjetural, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Fallos 300:1282).