INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS F., A. E. SOBRE 183 - DAÑOS

Actor/Demandante: A. E. F. (imputado/apelante, por intermedio de su defensa oficial) Demandado/Fiscalía: Ministerio Público Fiscal; Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 Objeto de la demanda: Recurso de apelación contra la resolución que otorgó suspensión del proceso a prueba por delitos de violación de domicilio, daño y desobediencia (arts. 150, 183 y 239 CP) con reglas de conducta modificadas respecto de lo acordado originalmente.

¿Qué se resolvió?

La Cámara:
- Rechazó el cuestionamiento del plazo de dos años y las prohibiciones de contacto y acercamiento
- Modificó la regla de conducta relativa a la presentación en el proceso civil, limitándola a acreditar comparecencia con asistencia letrada y domicilio constituido, sin que la jurisdicción penal controle el cumplimiento de obligaciones alimentarias
- Declaró abstracto el agravio respecto de la modalidad de pago de la reparación (se había cumplido) Fundamentos principales de la decisión: El juez Mahiques desarrolló extensamente que la fijación del plazo de suspensión es potestad jurisdiccional exclusiva del tribunal, conforme al art. 76 ter CP, que faculta al juez a fijar el tiempo "entre uno y tres años, según la gravedad del delito". Sostuvo: "la fijación del plazo de duración de la suspensión del proceso es una materia reservada estrictamente a la decisión jurisdiccional, pues supone la ponderación racional y motivada de cuestiones que, por definición, es propia de quien juzga." Respecto de las medidas de protección (prohibiciones de contacto y acercamiento), la Cámara enfatizó la obligación estatal de adoptar medidas integrales conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que impone "actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir la violencia contra las mujeres". La sentencia señala: "El hecho de que la damnificada haya referido –telefónicamente– que no consideraba necesario contar con ellas, no exime al Estado de adoptar las medidas necesarias para tender a su protección para evitar que el conflicto escale hacia instancias de mayor violencia." Sobre la obligación de presentarse en el proceso civil de alimentos, la Cámara reconoció que aunque la jueza de primera instancia tenía competencia para fijarla como regla de conducta preventiva (a los fines de canalizar institucionalmente las cuestiones alimentarias y evitar focos de conflictividad), debía limitarse su alcance para que no importara un control penal sobre obligaciones civiles. El tribunal concluyó que "la regla se tendrá por cumplida con la acreditación de esa comparecencia y no comprenderá el control, por parte de la jurisdicción penal, del contenido o cumplimiento de las obligaciones alimentarias y parentales dispuestas en aquel proceso." Los jueces Franza y Marum adhirieron íntegramente al voto de Mahiques.