INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS R. G., T. O. SOBRE 90 - PORTAR ARMAS NO CONVENCIONALES EN LA VÍA PUBLICA, SIN CAUSA QUE LO JUSTIFIQUE (ART. 85 SEGÚN LEY 1472)

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor (Recurrente): Dra. Alba Valeria López, interinamente a cargo de la Asesoría Tutelar Nº 5 del fuero (adhirió la Defensoría de Cámara). Demandado (Contra quién se recurre): La decisión de la Jueza María Carolina De Paoli, Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27. Objeto de la impugnación: La imposición de una medida de seguridad consistente en internación psiquiátrica compulsiva por tres meses respecto de T. O. R. G., declarado inimputable por esquizofrenia paranoide. Hechos: El 1º de julio de 2026, R. G. ingresó violentamente al Jardín Japonés, golpeó la puerta de entrada y rompió lockers en el vestuario. Fue detenido. Los hechos fueron encuadrados como violación de domicilio (art. 150 CP) y daño agravado (art. 184 inc. 5 CP). Decisión de primera instancia: La jueza De Paoli:
- Declaró la procedencia de la excepción por falta de acción.
- Sobreseyó a R. G. por inimputabilidad (art. 34 inc. 1 CP).
- Ordenó su libertad inmediata desde el Hospital José T. Borda.
- IMPUSO una medida de seguridad: internación psiquiátrica compulsiva por tres meses, sin perjuicio de su cese anticipado si pericialmente se determinara la desaparición del peligro para sí y terceros.
- Ordenó consigna policial hasta que el juzgado civil asumiera intervención.
- Dejó la ejecución de la medida a cargo del juzgado civil que correspondiera por turno. Fundamentos de primera instancia: La jueza sostuvo que:
- Se encontraba acreditada la materialidad del hecho y la autoría.
- El informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) confirmaba que R. G. no presentaba capacidad para comprender ni dirigir sus acciones al momento de los hechos.
- Los informes de los peritos del CIJ y Dirección de Medicina Forense indicaban "criterios de riesgo cierto e inminente para sí y terceros, con criterios de internación psiquiátrica".
- La medida era necesaria bajo los parámetros establecidos por la jurisprudencia mayoritaria de la Cámara y el precedente "Antuña" de la Corte Suprema.
- El control ulterior correspondería a la justicia civil, competente para supervisar internaciones involuntarias conforme la ley de salud mental. Agravios de la Asesoría Tutelar: 1. Violación del derecho a juicio previo: la medida implicaba castigo sin debate (se dictó tras sobreseimiento, no tras absolución). 2. Falta de acreditación de riesgo cierto e inminente: los informes eran contradictorios; el primer informe del Hospital Alvear negaba tal riesgo. 3. Desproporción: si R. G. hubiera sido imputable y condenado, le habría correspondido pena en suspenso, no internación compulsiva indefinida. 4. Violación de la ley de salud mental: la competencia y control debieron corresponder exclusivamente a la justicia civil. Dictamen del Fiscal de Cámara: Rechazó el recurso y propuso confirmar, argumentando que:
- La aplicación del art. 34 inc. 1 CP fue correcta.
- El sobreseimiento es equiparable a "absolución" para estos efectos.
- El estándar probatorio exigido por "Antuña" fue satisfecho.
- Los informes posteriores del CIJ y Dirección de Medicina Forense superaban el informe inicial del Hospital Alvear.
- Las medidas de seguridad tienen distinta naturaleza que las penas y no buscan retribución sino neutralizar riesgo actual.
- La intervención civil no excluía la competencia penal para imponer la medida. Defensoría de Cámara: Adhirió al recurso de la Asesoría Tutelar, agregando que:
- La medida encubría una sanción estatal por peligrosidad.
- Se había acreditado solo la incapacidad psíquica, no debidamente el hecho ni la autoría (probanz