G., D. A. CONTRA GCBA SOBRE MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA Expediente Nº 233452/2025-0

Actor: D. A. G., agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Demandado: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) — Ministerio de Seguridad Objeto de la demanda: Medida cautelar autónoma tendiente a suspender los efectos de la Resolución Nº 2025-1138-GCABA-MSEGC del 12 de septiembre de 2025, que dispuso el retiro obligatorio del actor conforme artículos 230 inciso 7 y 232 inciso 5 de la Ley Nº 5688. Solicitó su reintegro al servicio efectivo en carácter de medida precautoria, hasta la resolución de los recursos administrativos interpuestos.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor y se confirmó la sentencia de grado que denegó la medida cautelar solicitada. Se impusieron costas por su orden. Fundamentos principales de la decisión: El tribunal estableció que no se encontraba configurado el requisito esencial de verosimilitud del derecho (fumus bonis iuris), necesario para la procedencia de medidas cautelares. Al respecto señaló: > "Considerando las constancias anejadas al expediente, la pretensión cautelar planteada por el Sr. G. y los argumentos planteados en esta instancia preliminar del proceso, cabe afirmar que no se encuentra configurado el recaudo de la verosimilitud del derecho." El tribunal analizó que la Junta Médica Institucional, mediante Dictamen Nº 2315/2025 del 24 de julio de 2025, acreditó técnicamente que el actor padecía: > "una patología de salud mental que presentaba características de enfermedad crónica e incompatible con la función operativa policial. Interpretaron que la patología incapacitante era desvinculada del servicio y que no tenían datos suficientes para tener un margen de seguridad razonable para autorizar el ejercicio de la función operativa policial. Agregó que el actor tendría dificultades para intervenir de manera segura ante situaciones de emergencia o conflicto." Respecto del criterio médico empleado, el tribunal concluyó: > "el criterio médico empleado para concluir en ese sentido se encuentra técnicamente fundado, de manera que no se presenta como arbitrario o carente de sustento." El tribunal enfatizó que la carga de acreditar la verosimilitud del derecho corresponde al peticionante: > "el peticionante de una medida cautelar no puede quedar relevado del deber de comprobación de la verosimilitud de su derecho, para lo cual debe arrimar los elementos idóneos para producir convicción en el ánimo del Tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad." Destacó que el actor solo aportó un certificado de su médica tratante que indicaba aptitud para retornar al trabajo, pero no controvertía adecuadamente las conclusiones técnicas de la Junta Médica Institucional, siendo insuficiente para demostrar apariencia de derecho. El tribunal también aclaró el carácter provisional de las medidas cautelares: > "las medidas cautelares no causan estado. Por el contrario, estas pueden cesar, ser sustituidas por otras, ampliadas o disminuidas. [...] la decisión que aquí se adopta no causa estado y, consecuentemente, no impide a las partes —frente a la incorporación de nuevos elementos o circunstancias sobrevinientes— formular los planteos que estimen corresponder."