Legajo Nº 1 - IMPUTADO: RIVAS, JONATHAN RICARDO s/LEGAJO DE CASACION

- Actor (quién recurre): Jonathan Ricardo Rivas, por medio de la Defensoría Pública Oficial (Defensor Público Oficial Guillermo A. Todarello).
- Demandado / contraparte: Ministerio Público Fiscal (representado por el Fiscal General Mario A. Villar) y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 (resolución recurrida).
- Objeto del reclamo: recurso de casación contra la resolución del Tribunal de origen que fijó el monto de la multa de veinticinco unidades fijas en la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), por haberse tomado como referencia el valor del formulario de inscripción del Registro Nacional de Precursores Químicos vigente a la fecha de la primera intimación al pago (6/3/2026) y no al momento del hecho (5/6/2022), alegándose violación del principio de legalidad e irretroactividad.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas en la instancia, confirmando la situación recurrida. Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al Tribunal de origen mediante pase digital.
- Fundamentos principales de la decisión (textos transcritos): Voto mayoritario (Yacobucci y Slokar, adhiriendo a la solución de rechazo): "los argumentos expuestos por la recurrente sólo evidencian una opinión diversa con lo decidido y que la parte recurrente no ha introducido ningún argumento novedoso que me lleve a cambiar de posición." (voto de Yacobucci). "los argumentos expuestos por la recurrente no alcanzan a conmover suficientemente la motivación del pronunciamiento cuestionado y, en ese aspecto, el planteo sólo evidencia una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta" (voto de Slokar). Voto en disidencia (Angela E. Ledesma): planteó hacer lugar al recurso de casación y casar el pronunciamiento recurrido, disponiendo que "la multa impuesta sea computada según el importe del formulario de inscripción de operadores del Registro Nacional de Precursores Químicos vigente al momento del hecho" y devolver las actuaciones al tribunal de origen. Ledesma fundamentó su propuesta en la primacía del principio de legalidad y la irretroactividad: "la aplicación de una pena en un caso concreto se encuentra supeditada a que esa sanción esté legislativamente establecida y su cuantía debidamente precisada al momento de la comisión del hecho ... Para que estos recaudos aparezcan cumplidos en el caso debe tomarse el valor del formulario vigente al momento de la comisión del hecho para efectuar la equivalencia y establecer la multa a pagar en moneda de curso legal." Citas textuales relevantes incluidas en los votos: "la necesidad de actualización del valor de las unidades fijas de la pena de multa debido a la dinámica económica existente en nuestro país no justifica la inobservancia de los principios constitucionales que rigen la materia."; y la propuesta final de Ledesma: "hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, sin costas; casar el pronunciamiento en crisis; disponer que la multa impuesta sea computada según el importe del formulario ... vigente al momento del hecho".