Incidente Nº 4 - IMPUTADO: CONTRERAS, GUILLERMO ARIEL Y OTRO s/Audiencia de control de la Acusación (Art. 279, CPPF)

¿Qué se resolvió en el fallo?

Actor: Ministerio Público Fiscal (representado en esta audiencia por el Dr. Mariano Ignacio Sánchez). Demandado: CONTRERAS, GUILLERMO ARIEL y otro (autos por infracción Ley 23.737). Objeto: Control de la acusación en sede de audiencia prevista por el art. 279 del Código Procesal Penal Federal; cuestión incidental sobre la legitimación del representante del Ministerio Público Fiscal para formular y ratificar la acusación. Decisión: Se declaró inválida la participación en la audiencia del representante del Ministerio Público Fiscal y se requirió que, en el término de diez (10) días, se ratifique la acusación por un fiscal designado de acuerdo a los procedimientos constitucionales y legales vigentes; además se dejó constancia de la reserva respecto al derecho de impugnar.
- Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los párrafos más relevantes): "Las resoluciones del Procurador General pueden regular la distribución interna de funciones y disponer coberturas transitorias de vacantes dentro del organismo, pero no poseen aptitud normativa para modificar las competencias procesales establecidas por una ley formal. La competencia para ejercer la acción penal constituye una atribución conferida por la ley procesal y no puede derivarse exclusivamente de una decisión administrativa, por más legítima que ésta sea en el ámbito de la organización interna del Ministerio Público." "Admitir que la autonomía funcional del Ministerio Público excluye toda posibilidad de revisión judicial respecto de la legitimación del órgano acusador conduciría a una consecuencia incompatible con el Estado Constitucional de Derecho, pues importaría sustraer determinados actos procesales de todo control de legalidad por el solo hecho de emanar del Ministerio Público Fiscal." "Cuando el cuestionamiento recae sobre la legitimación misma del órgano que ejerce la acción penal, el perjuicio no deriva de una concreta estrategia defensiva frustrada, sino de la afectación de una garantía estructural del proceso. La intervención de un sujeto eventualmente carente de habilitación legal para formular la acusación compromete la regular constitución de la relación procesal y afecta la garantía del debido proceso en su dimensión objetiva, sin que resulte exigible la demostración de un perjuicio adicional."
- Disidencias relevantes: No se consignan votos en disidencia en el texto aportado.