INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS O., S. I. Y OTROS SOBRE 292 1° PARR - FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO

Actor: Defensa de S. I. O., O., P., G. y otras defensas de imputados Demandado: Estado (vía resolución de la jueza a quo que rechazó la declinatoria de competencia) Objeto de la demanda: Apelación del rechazo de la declinatoria de competencia formulada por la defensa. La defensa sostenía que los hechos investigados (falsificación de documentos presentados ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) no afectaban la fe pública local y, por lo tanto, debían ser conocidos por la justicia criminal y correccional ordinaria o federal.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la apelación y se confirmó la resolución de primera instancia que negó lugar a la declinatoria de competencia, mantuviendo la competencia de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara sostuvo que el estado actual de la investigación y las imprecisiones relativas a los hechos investigados impiden fijar la competencia. Al respecto, expresó: "Sin embargo, los agravios que contiene la impugnación no pueden prosperar pues el estado actual en que se encuentra la investigación y las imprecisiones relativas a los hechos investigados y su provisoria calificación jurídica impiden tener por satisfecho el estándar establecido por la Corte en cuanto a que, para poder llegar a una conclusión en orden a la fijación de la competencia, es necesario que se haya realizado una precisa descripción de los hechos y su consecuente encuadramiento en una determinada infracción penal." La Cámara destacó que el Ministerio Público Fiscal consideró imprescindible dirigir la pesquisa a discernir la real naturaleza de los episodios, lo que implica que quien dirige la investigación reconoció que aún no se encuentra definitivamente delimitado el hecho. Señaló que "la conducta investigada podría, entre otras, dirigirse hacia una evasión de aportes, contribuciones, o incluso defraudaciones contra la administración pública o, dicho de otro modo, el perjuicio que perseguiría la comisión del delito tendería a una afectación patrimonial o extrapatrimonial. No obstante, la incertidumbre reinante entorno a la adecuada delimitación de los sucesos investigados y su correspondiente subsunción jurídica tornan prematura cualquier decisión declinatoria de la competencia." Disidencia parcial: El juez Jorge A. Franza adhirió a los fundamentos de la mayoría (jueces Escrich y Buján) pero diintió parcialmente en cuanto a la imposición de costas, considerando que la recurrente tuvo razones plausibles para litigar y que no correspondía su imposición.