SEGATO PABLO Y OTRO C/ SANDOF SA Y OTROS S/ DAÐOS Y PERJUICIOS

Quién demanda: S P y otro

¿A quién se demanda?

SANDOF SA y otros

¿Cuál es el objeto del reclamo?

La parte actora apela la resolución de primera instancia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la Ley 23.928 (según Ley 25.561), solicitando la aplicación de la doctrina sentada por la SCBA en la causa C. 124.096 ("Barrios") para permitir la actualización de su crédito mediante índices oficiales (IPC-INDEC), alegando que la falta de actualización afecta sus derechos constitucionales y de propiedad respecto de un crédito reconocido y totalmente impago.

¿Qué se resolvió?

La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó el planteo de inconstitucionalidad sobreviniente, desestimando la apelación de la parte actora. Fundamentos principales de la decisión: La Cámara sostuvo que el planteo se encuentra alcanzado por el instituto de la preclusión. En palabras del Dr. Conti: "Toda cuestión resuelta en el litigio, sin que haya sido atacada idóneamente en tiempo oportuno y por la vía adecuada, adquiere firmeza y no puede ser revocada en el mismo proceso. Y ello así, porque siempre debe atenderse al principio esencial de seguridad jurídica, que se manifiesta, precisamente, a través de la firmeza de los actos procesales, evitando la incertidumbre de la reedición infinita del litigio y la prolongación 'sine die' de la definición del proceso". Se señaló que existía sentencia firme dictada el 21/2/2013 y confirmada por la Cámara el 8/3/2023. Posteriormente, la parte actora realizó varias liquidaciones (14/8/23, 27/8/24, 5/12/24, 17/3/25) que fueron rechazadas sin ser objeto de apelación. Recién con fecha 23/5/25, cuando ya existía jurisprudencia disponible ("Barrios"), solicitó la aplicación de la doctrina para declarar la inconstitucionalidad sobreviniente. "Los actores lo introducen luego de efectuar sendas presentaciones en autos donde practicaban liquidaciones aplicando una tasa distinta a la fijada en la sentencia definitiva, las que fueron rechazadas por el juzgado y no fueron objeto de apelación, y además cuando ya se había dictado el precedente 'Barrios'." Se destacó que acceder a lo solicitado violaría el principio de congruencia (art. 163 inc. 6º y art. 272 del CPCC), siendo inadmisible la pretensión que importa ponerse en contradicción con los propios actos anteriores deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces. "La postura asumida por la parte actora con posterioridad al dictado de la sentencia, consintiendo los rechazos de los intentos de actualizar la deuda, impide arribar a una decisión diferente, desde que transcurrido un tiempo holgado, no solicitó la aplicación del fallo otrora invocado, por lo que mal puede ahora pretender modificar su comportamiento, y que se declare la inconstitucionalidad pretendida, pues debió haber sido solicitada en un estadio anterior." Se impusieron costas de Alzada en el orden causado, considerando las particularidades del caso. ---