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Cámara de Apelaciones

Luna, Estela Maris c/ Autoinversiones SRL - Abreviado - Cumplimiento/resolución de contrato

La actora demandó a Autoinversiones SRL reclamando la devolución de $63.000 y daño punitivo por incumplimiento del deber de información en un plan de ahorro. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, rechazó la apelación, confirmó la condena (incluido el daño punitivo) y ordenó oficiar a la IGJ mediante mandato preventivo.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Fuero
Jurisdicción
Local · Cordoba
Expediente
CBA-65901
Apelacion Deber de informacion Ley de defensa del consumidor Dano punitivo (art. 52 bis ldc) Mandato preventivo Inspeccion general de justicia Plan de ahorro Costas Prueba documental Cargas dinamicas de la prueba

¿Quién es el actor?

Luna Estela Maris (Sra. Estela Maris Luna).

¿A quién se demanda?

Autoinversiones SRL (también operando como "Multinversiones").

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cumplimiento / resolución de contrato y pago de sumas abonadas (reintegro de $63.000), más daño punitivo ($15.000) y costas; alegado incumplimiento del deber de información en un plan de ahorro/licitación.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la demandada y se confirmó la sentencia N° 256 del 26/8/2018; se impusieron las costas a Autoinversiones SRL regulando honorarios y se ordenó mandato preventivo con oficio a la Inspección General de Justicia para que tome conocimiento de las graves irregularidades contractuales y legales de la empresa.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Sobre la validez de las cartas documentos y la prueba administrativa: "las cartas documentos glosadas a fs. 29, 31 y 32 fueron concordadas con sus originales... y contenían sello de recibido con las respectivas fechas, dirigidas a la demandada por la Sra. Luna, por lo que, son válidas en tales condiciones." Asimismo, "la impugnación de la demandada luce como una mera negativa infundada".

2) Sobre la carga dinámica de la prueba y la inacción de la demandada: "la normativa... impone a la accionada, como proveedor, acreditar aquello que estaba en mejores condiciones de probar... Nada alegó y ninguna prueba acompañó al respecto, pretendiendo valerse únicamente de negativas e impugnaciones genéricas... Además, no prestó colaboración en ninguna oportunidad durante el desarrollo del proceso..."

3) Sobre la procedencia del daño punitivo: "se verifica una conducta antijurídica desarrollada por la proveedora, que consta en el incumplimiento tanto del deber de informar... y de trato digno y equitativo... que expresamente habilita en el art. 8 bis de la LDC la condena por daño punitivo... de manera grave, intencional y reiterada, lo que justifica el reproche subjetivo, pues se trata de un supuesto de culpa grave o dolo, requisito para la procedencia del daño punitivo."

4) Sobre la tutela preventiva y la IGJ: "corresponde poner en conocimiento de la presente y remitir los antecedentes a la Inspección General de Justicia de la Nación, a fin que tome las medidas conducentes para impedir que la empresa demandada siga realizando operaciones de captación de ahorros de particulares... sin estar previamente autorizada ni cumplir con los requisitos legales."

(Se consignan los párrafos textuales del fallo que fundan la confirmación de la condena por incumplimiento del deber de información, la aplicación del art. 52 bis LDC y la orden de mandato preventivo y oficio a la IGJ; no hubo voto disidente relevante.)

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