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Cámara de Apelaciones

ARAUJO GONZALEZ, ANIBAL c/ PROVINCIA ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

Araujo González demandó a Provincia ART S.A. solicitando reconocimiento de prestaciones dinerarias por incapacidad derivada del siniestro del 7/8/2018. La Cámara modificó la sentencia para ordenar que el capital de condena se ajuste conforme al decreto 669/19, confirmó las costas e impuso las de alzada a la demandada y reguló honorarios en los montos expresados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III
Fuero
NACIONAL DEL TRABAJO
Jurisdicción
Nacional · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CNT 008697/2020/CA002
Riesgos del trabajo Ley 24.557 Decreto 669/19 Ripte Capitalizacion semestral Actualizacion de condena Costas Honorarios Prestaciones dinerarias Incapacidad

¿Quién es el actor?

Araujo González Aníbal.

¿A quién se demanda?

Provincia ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento de prestaciones dinerarias (Leyes 24.557 y 26.773) por incapacidad derivada del accidente del 7 de agosto de 2018.

¿Qué se resolvió?

La Cámara modificó la sentencia apelada disponiendo que el capital de condena sea ajustado conforme al decreto 669/19 en los términos señalados en los considerandos; confirmó lo decidido en materia de costas e impuso las de alzada a la demandada; y reguló los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada y del perito médico en las sumas indicadas en el fallo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En este sentido, y sin olvidar que cualquier método de corrección debe ser analizado en función de su capacidad para procurar la preservación del valor económico del crédito comprometido en la decisión frente al envilecimiento de la moneda evitando que en la operación la deuda se transforme en más onerosa, lo concreto es que, pese a ser evidente que los intereses previstos en la ley 27.348 llevarían al incuestionable deterioro del crédito en la medida en que los accesorios allí previstos no alcanzan a compensar siquiera la inflación verificada para el período respectivo, la disposición se encuentra actualmente modificada por medio del decreto 669/19, el cual no solo sustituyó la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina por el índice RIPTE como medio de ajuste entre la primera manifestación invalidante y la liquidación de las prestaciones, sino que estableció que, con posterioridad, y en caso de falta de pago oportuno, el interés se capitalizará semestralmente 'según lo establecido en el art. 770 del CCyCN.'"

"Es verdad que se ha reiteradamente predicado la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las previsiones del decreto 669/19 por configurar un injustificado ejercicio de parte del Poder Ejecutivo Nacional de facultades jurisdiccionales. Sin embargo, frente a la evidente insuficiencia de los intereses establecidos en la ley y en tanto las disposiciones del aludido decreto resultan en la actualidad más favorables para la preservación de los créditos que las previsiones contenidas en la ley 27.348 respecto del ajuste del IBM, es mi criterio que el vicio de origen queda salvado desde la perspectiva de las facultades conferidas por el art. 11 inc.3ro de la ley 24.557, el cual contiene una expresa habilitación legislativa para que el Poder Ejecutivo Nacional mejore las prestaciones dinerarias establecidas en la ley cuando las condiciones económicas financieras generales del sistema así lo permitan."

"Por lo expuesto, voto por: 1. Modificar la sentencia y disponer que el capital de condena sea ajustado conforme lo dispuesto en el decreto 669/19 en los términos señalados en los considerandos de este voto; 2. Confirmar lo decidido en materia de costas e imponer las de alzada a la demandada; 3. Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, los de la demandada, y los del perito médico, en las respectivas sumas de $ 14.677.879,50 (135,90 UMAS), $ 14.496.431,10 (equivalente a 134,22 UMA ... ) y $ 4.352.601,50 (40,3 UMAS), valores correspondientes a la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Perugini pronunció el voto que expone los fundamentos y propone la modificación; el Dr. Claudio F. Loguarro adhirió a ese voto. La Dra. Diana R. Cañal no votó (art. 125, 2º párr., LO). No existe disidencia mayoritaria en el acuerdo.

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