A., L. P. c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION DE ENTRE RIOS s/acción de amparo

¿Qué se resolvió en el fallo?

Discapacidad y derecho a la educación: vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva

La actora, en representación de su hija menor titular de un certificado de discapacidad, promovió acción de amparo a fin de que se ordene el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva y se disponga la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual que garantice su trayectoria educativa completa, según la normativa vigente. El superior tribunal provincial rechazó esta acción con fundamento en que se encontraba en trámite un procedimiento administrativo en el que también se estaba examinando la cuestión debatida.

La Corte dejó sin efecto esta sentencia por considerar que había realizado un examen fragmentario de las disposiciones aplicables al caso y apoyado la decisión en afirmaciones dogmáticas que le daban un fundamento solo aparente.

Recordó que la admisibilidad de la acción no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ya que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias y que la existencia de otras vías procesales que obstan a su procedencia no puede formularse en abstracto, sino que depende de la situación concreta a examinar.

Señaló que la sentencia apelada no brindaba razones para comprobar la existencia de esas otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegaban como lesionados.

Afirmó que el superior tribunal de la causa se había limitado a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya habían dejado asentado que se habían realizado todas las intervenciones presentando las distintas propuestas que el sistema educativo poseía en la zona.

Entendió así el Tribunal que esta última afirmación, plasmada en las actuaciones administrativas, mostraría que dicho procedimiento se encontraba concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto.

Los jueces intervinientes, entonces, tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que -atendiendo a los derechos involucrados- no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción.