OLIVAREZ, LUIS ARMANDO c/ PAMI - INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/AMPARO LEY 16.986

¿Quién es el actor?

L.A.O. (amparista, 68 años).

¿A quién se demanda?

PAMI – Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Petición de amparo para obtener autorización y cobertura al 100% del esquema medicamentoso prescripto por su médico tratante (Carboplatino 150 mg, Pemetrexed 500 mg/m2 y Pembrolizumab 200 mg según pauta indicada) para tratamiento de cáncer de pulmón con metástasis pleurales.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza NO HIZO LUGAR al recurso de apelación interpuesto por PAMI y, en consecuencia, CONFIRMÓ la sentencia de fecha 17/6/26 que hizo lugar al amparo y ordenó la cobertura total e integral del tratamiento en el plazo de cinco (5) días de quedar firme; además impuso las costas de segunda instancia a la accionada y reguló los honorarios de esta instancia en el 30% de lo regulado en primera instancia (determinando montos en UMA y pesos).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El profesional médico tiene, conforme a sus conocimientos técnicos, atribuciones para escoger dentro de las diversas opciones, cuál es la más apta para aplicar en cada caso concreto con los límites que puedan eventualmente surgir de las reglas de la ciencia, con la razonabilidad exigida para ejercer su profesión y el consentimiento informado del amparista, asumiendo las responsabilidades por los posibles riesgos conforme a las normas que reglamentan la actividad médica. Por ello, en el caso, el control administrativo, reglamentario o médico que efectúa la obra social demandada no brinda suficiente fundamento en orden a imponer prescripción alguna en contraposición a la elegida por el profesional médico responsable de la salud del actor..."

"El PMO constituye: '(…) un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (…)' (considerando 3º de la Resolución 939/2000). Destacándose, además que '(…) debe quedar garantizado el mecanismo para la actualización del Programa Médico Obligatorio en virtud del carácter dinámico del conocimiento científico, estableciendo una metodología de análisis para la incorporación de tecnologías que asegure la probada eficacia de todo procedimiento diagnóstico o terapéutico a financiar por la Seguridad Social (…)' (considerando 8º de la Resolución 939/2000). Y, por último, que: '(…) los Agentes del Seguro son responsables de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las prestaciones (…)' (considerando 9º de la Resolución 939/2000)."

"El derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional; el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico... Por ello, requiere de los jueces y de la sociedad toda, un compromiso ferviente en su tutela efectiva."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Juan Ignacio Pérez Curci desarrolla los fundamentos; los Dres. Gustavo E. Castiñeira de Dios y Manuel A. Pizarro adhieren al mismo. No hay disidencia.