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Primera Instancia

MENDEZ AXEL JOEL C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO/A S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - EMPL.PUBLICO

Medida cautelar autónoma solicitada para suspender los efectos de la Resolución N° 2403-2026 que dispone la cesantía del actor. El Tribunal rechazó la cautelar por afectar un interés público concreto vinculado al correcto obrar de las fuerzas de seguridad y al ejercicio de potestades disciplinarias.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 - LA PLATA
Fuero
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
57935
Medida cautelar autonoma Cesantia Interes publico Administracion publica Decreto 1050/09 Verosimilitud Actos administrativos Funcionario policial Costas Suspension de ejecucion

¿Quién es el actor?

Axel Joel MENDEZ (DNI 38.939.361), por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (y otro/a conforme encabezamiento).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Medida cautelar autónoma/anticipada para que se suspendan los efectos de la Resolución N° 2403-2026 (cesantía), que se ordene continuar prestando servicios y el pago de haberes hasta resolución administrativa de los recursos interpuestos; se impugna la aplicación del art. 188 del Decreto 1050/09 respecto del art. 271.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Imposición de costas en el orden causado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.- Que es pertinente recordar -como lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación- que cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública, es menester acreditar prima facie, sin que ello implique prejuzgamiento sobre la solución de fondo, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que tornan admisible la tutela pretendida.

Ello obedece a que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, razón por la cual, en principio, ni los recursos administrativos ni las acciones judiciales mediante las cuales se discute su validez suspenden su ejecución, circunstancia que determina la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 y 819, entre muchos otros), sin perjuicio de la atenuación de dicho criterio a partir del pronunciamiento de la C.S.J.N. en "Pustelnik, Carlos A. y otros" (Fallos 293:133)."

"III.- Debe añadirse que en los litigios dirigidos contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos generales establecidos para las medidas de no innovar por el artículo 230 del CPCC, se requiere como requisito específico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia (LL 2001-D-65) o, en los términos empleados por la Corte Suprema, resulta imprescindible la consideración del interés público comprometido (Fallos 314:1202)."

"VI.- Que, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados, el contenido del acto administrativo cuestionado y el carácter institucional de las prerrogativas involucradas, considero que la concesión de la medida cautelar solicitada trasciende el interés particular del accionante y compromete de modo concreto el interés público, vinculado con el correcto obrar que debe cualificar el comportamiento de los integrantes de las fuerzas de seguridad y con el oportuno ejercicio de las potestades disciplinarias propias de la Administración.

En consecuencia, estimo que el otorgamiento de la tutela cautelar pretendida podría ocasionar un perjuicio al interés público superior a aquel que la medida procura evitar en la esfera particular del accionante.

En este sentido, cabe destacar que el interés público comprometido no se presenta en el caso como genérico o meramente difuso, sino que reviste carácter específico y concreto, en atención a la gravedad y relevancia pública del objeto de la investigación administrativa en cuyo marco se dictó la sanción disciplinaria (conf. CCALP in re "Samaniego", Res. 15-5-2018)."

Bloque resolutivo final:

"RESUELVO:

1.- No hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el actor (art. 22 inc. c del CCA).

2.- Imponer las costas en el orden causado, atento la manera en que ha sido resuelta esta controversia, y la materia sub examine (art. 51 CCA, texto según ley 14.437).

3.- Regístrese. Notifíquese de forma automatizada (77 inc. 1 C.C.A., 135 inc. 12 C.P.C.C.)."

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