BARRIOS DARIO ALEJANDRO C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Darío Alejandro Barrios, a través de apoderado.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la RESO-2025-2277-GDEBA-MSGP y reconocimiento del derecho a percibir el subsidio del art. 47 de la ley 13.982 calculado sobre la remuneración de un Comisario General vigente al momento del efectivo pago, con actualización e intereses; en subsidio, declaración de inconstitucionalidad parcial del art. 47 por considerar confiscatorio su límite temporal.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la pretensión anulatoria y se impusieron las costas en el orden causado; se reguló honorarios al letrado del actor en el mínimo (30 IUS).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De los antecedentes expuestos, y de las constancias reseñadas se desprende que la pretensión articulada no puede prosperar.

En efecto, de las actuaciones administrativas acompañadas no se desprende que la tramitación del beneficio haya estado signada por una demora irrazonable o injustificada que permita atribuir a la Administración una conducta antijurídica susceptible de sustentar la pretensión deducida. En particular, el actor solicita el subsidio en diciembre de 2023 y el acto que lo reconoce se dicta el 31 de octubre de 2025, por lo que, ponderadas las circunstancias del procedimiento y la naturaleza del beneficio solicitado, el lapso transcurrido no resulta, por sí solo, suficiente para tener por configurada una dilación ilegítima.

A ello se suma que no surge acreditado que el interesado haya instado el trámite administrativo a fin de agilizar su resolución, ni que hubiera efectuado presentaciones concretas tendientes a obtener un pronunciamiento en un plazo menor. Si bien tal circunstancia no exime a la Administración de su deber de resolver en tiempo oportuno, constituye un elemento que corresponde valorar al examinar la razonabilidad del plazo transcurrido y la eventual existencia de una demora imputable a la demandada.

Por otra parte, la evolución de los índices inflacionarios durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 no permite, en las circunstancias acreditadas en autos, concluir que se haya producido una depreciación de tal magnitud que torne irrazonable el tiempo insumido en el procedimiento o que justifique, por sí misma, apartarse de la pauta de cálculo, expresamente, establecida por el artículo 47 de la ley 13.982.

Ello así, la sola referencia al contexto inflacionario, sin una demostración concreta de la incidencia patrimonial que habría tenido sobre el beneficio percibido, no resulta suficiente para tener por configurada una vulneración de sus derechos constitucionales, tal como se invocó en la demanda.

En consecuencia, al no advertirse una demora administrativa antijurídica ni encontrarse acreditado un perjuicio patrimonial concreto que justifique la solución pretendida, no se configuran en el caso elementos suficientes para apartarse de la base de cálculo prevista legalmente. Ello conduce a desestimar el planteo formulado, sin que la invocación genérica de la depreciación monetaria y de la doctrina del precedente "Barrios" de la SCBA alcance para modificar la solución adoptada.

En tales condiciones, la parte actora no logró demostrar cuál sería, en concreto, el menoscabo patrimonial que la percepción de dicha suma a valores históricos le habría ocasionado, ni acreditó la existencia de una diferencia económica determinada que resulte jurídicamente exigible.

En tal sentido, cabe considerar que la pretensión de detraer las sumas ya percibidas y condenar, además, al pago de su equivalente actualizado supondría reconocer un crédito adicional sin que se encuentre debidamente acreditado su presupuesto fáctico y económico, lo que no resulta admisible cuando el beneficio fue reconocido y efectivamente satisfecho, todo lo cual permite concluir en el rechazo de la demanda (arts. 12 inc. 1°, CCA; art. 47, ley 13982)."

Dispositivo final (transcripción):

"FALLO:

1) Rechazar la pretensión anulatoria interpuesta por el Sr. Darío Alejandro Barrios (arts. 12 inc. 1°, CCA; art. 47, ley 13982).

2) Imponer las costas en el orden causado (art. 51 inc. 2º, CCA).

3) Regular los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Ricardo Daniel Galeano... en el mínimo previsto... (30 IUS)."