SAUCEDO VICTOR AGUSTIN Y OTROS c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTRO s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

VÍCTOR AGUSTÍN SAUCEDO; PUCA JORGE; GONZÁLEZ AUDON.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Seguridad - Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 679/1997, ordenar el cese de los descuentos por “Aporte Previsional” y el reintegro de las sumas oportunamente descontadas (diferencias generadas por el aumento del aporte del 8% al 11%).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda; se declaró la inconstitucionalidad del Decreto 679/1997 y se condenó al Estado Nacional a restituir, en un plazo de 90 días, a los actores las diferencias por los aportes efectuados en virtud del decreto (3%) desde los dos años previos a la interposición de los reclamos administrativos o de la demanda según corresponda, más sus intereses; en igual plazo deberá recomponer el haber mensual de los actores y acreditar la previsión presupuestaria de las diferencias e intereses; se impusieron las costas a la demandada y se difirió la regulación de honorarios para la liquidación definitiva.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"5.- Por lo expuesto, dado que el caso en estudio es análogo a los citados, corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto 679/1997. En consecuencia, deberán restituirse a los actores las diferencias por los aportes efectuados con fundamento en esta última norma (3%). A las sumas generadas deberán adicionarse intereses que se calcularán conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. Art, 10 Decreto 941/91, CSJN L.44.XXIV “López, Antonio c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A., sent. Del 10/6/92 y Fallos: 303:1769; 311:1644), desde que cada suma fue debida hasta el efectivo pago."

"6.- En cuanto al planteo de prescripción, corresponde su admisión con relación a los créditos originados con anterioridad a los dos años previos a la interposición del reclamo administrativo o demanda en su caso, salvo que no hubiera transcurrido dicho plazo desde el dictado del decreto en cuestión (Conf. art. 2 de la ley 23.627; y, CFSS, Sala I, in re “MUSTO RUBEN NICOLAS c/CRJPPFA”, sent. del 20/05/99; Sala II, in re “ALI MANUEL ROBERTO c/CRJPPFA”, sent. del 25/10/99; y, Sala III, in re “LAVALLE CARMELO JOSE c/CRJPPFA”, sent. del 16/12/99)."

"7.- En cuanto a las costas del proceso, corresponde imponerlas a la demandada vencida (conf. art. 68 del CPCCN)."

¿Cómo votaron los jueces?

No consta voto en disidencia en la sentencia analizada.