DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO SA c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO Y OTRO s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. (representada por Dr. Marcelo Gustavo Chasseing).

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación y Control Aduanero - Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Estado Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad y de certeza respecto de la imposibilidad normativa de aplicar íntegramente el mecanismo de ajuste por inflación y la actualización de quebrantos impositivos en la declaración del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2025; petición cautelar para que ARCA-DGI permita la presentación de la declaración aplicando la metodología solicitada y se abstenga de reclamar diferencias tributarias hasta sentencia definitiva.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Federal de Córdoba, por mayoría, confirmó la resolución de primera instancia en cuanto hizo lugar a la medida cautelar solicitada; impuso las costas de la Alzada a la recurrente (Estado Nacional) y diferió la regulación de honorarios. Se recomendó al juez de grado imprimir celeridad al trámite para arribar a decisión definitiva en plazo razonable.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "La certificación contable acompañada constituye un elemento relevante para tener por configurada, prima facie, la alegada afectación de la capacidad contributiva y la posible existencia de un resultado confiscatorio."

2) "En ese marco, la certificación contable acompañada constituye un elemento relevante para tener por configurada, prima facie, la alegada afectación de la capacidad contributiva y la posible existencia de un resultado confiscatorio." (véase asimismo:) "De dicho informe surge, en lo que aquí interesa, que la aplicación del régimen cuestionado determinaría para la empresa un impuesto adicional de $3.606.974.247,19, señalándose que el impuesto así determinado representaría el 41,52 % del resultado impositivo ajustado integralmente por inflación, mientras que la alícuota legal aplicable a la actora ... ascendería al 34,91 %..."

3) "El artículo 15 de la Ley 26.854 exige valorar la posibilidad de que la lesión invocada resulte de difícil o imposible reparación ulterior... La eventual exigencia de las diferencias tributarias derivadas de la metodología controvertida podría ocasionar a la actora un perjuicio económico relevante antes de que exista un pronunciamiento definitivo..."

4) "La medida no extingue ni modifica definitivamente el crédito fiscal que eventualmente pudiera corresponder, sino que difiere provisoriamente su exigibilidad hasta que exista un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Eduardo Ávalos votó en disidencia, proponiendo revocar el proveído de fecha 12/05/2026. En su voto sostuvo que la cautelar se había fundamentado primordialmente en un informe contable unilateral de la actora y que no estaban acreditados la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora, por lo que propuso dejar sin efecto la medida cautelar. Esa posición quedó en minoría y no fue la decisión de la Cámara.