GROSSO, GRACIELA TERESA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS
Reclamó la actora reajustes de haberes previsionales y la integración de incrementos suspendidos. La Cámara Federal de Bahía Blanca modificó la sentencia de grado, declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y ordenó imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida.
¿Quién es el actor?
GROSSO, Graciela Teresa.
¿A quién se demanda?
ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reajustes varios sobre beneficio previsional (Prestación Básica Universal — PBU), redeterminación del haber inicial, actualización por suspensión de la ley de movilidad, inconstitucionalidad de diversas normas (entre ellas el art. 1 de la ley 27.609, art. 26 ley 24.241, art. 14 Resol. 06/09 SSS, art. 82 inc. c ley 20.628) y costas.
¿Qué se resolvió?
La Cámara modificó la sentencia apelada en los términos expuestos en los fundamentos; declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, impuso las costas de esta instancia a la demandada vencida. (Decisión mayoritaria: Larriera y Amabile. La Jueza Fariña no suscribió por licencia).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El juez de grado hizo lugar a la demanda, admitió la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, difirió el tratamiento del pedido de reajuste de la PBU a la etapa de liquidación conforme la doctrina establecida en autos 'Quiroga', declaró la inconstitucionalidad del decreto 807/16, dispuso la redeterminación del haber inicial y su posterior movilidad según las pautas establecidas en los fallos 'Elliff', 'Martínez' y 'Marsili', declaró la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley 24.241 para el caso en que las partes acrediten la confiscatoriedad que surge de su aplicación al presentar la liquidación de autos, declaro la inconstitucionalidad del art. 14 de la resolución N° 06/09 SSS por exceso reglamentario, declaró inconstitucional el art. 82 inc. c de la ley 20.628, aplicó el precedente 'Spitale', impuso las costas a la vencida (art. 36 de la ley 27.423) y difirió la regulación de honorarios."
"Por ello, propicio y voto: 1ro.) Se modifique la sentencia apelada con los alcances expuestos precedentemente. 2do.) Se declare la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se impongan las costas de esta instancia a la demandada vencida (art. 36, ley 27.423 y art. 68, CPCCN)."
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Cámara detalló la metodología aplicable a la redeterminación de la PBU conforme a la doctrina 'Quiroga' y 'Badaro', sostuvo que, en caso de acreditarse confiscatoriedad por la no actualización del componente PBU, corresponde el reajuste con el índice seleccionado por el juez de grado (recalcando la equidad del método que recrea la unidad AMPO/MOPRE), y dispuso integrar el haber del mes de diciembre de 2020 con la diferencia entre lo percibido y el 42,13% que hubiera correspondido por aplicación de la suspendida ley de movilidad 27.426 (voto de Larriera, con adhesión de Amabile). También declaró la inconstitucionalidad del art. 1° de la ley 27.609 y, por aplicación del precedente 'ITALIANO' de esta Cámara, ordenó la actualización trimestral mediante índice combinado (IPC-INDEC y RIPTE en partes iguales) desde 2022 hasta el primer trimestre 2024, con exclusión de refuerzos o bonos no remunerativos y del incremento extraordinario del 12,5% del dec. 274/2024. Respecto de topes, confirmó la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley 24.241 cuando su aplicación resulte confiscatoria (cita 'Actis Caporale') y confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 82 inc. c ley 20.628 si al liquidar supera el mínimo no imponible (cita 'García, María Isabel'). Finalmente, la Cámara declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y aplicó el art. 36 de la ley 27.423 y art. 68 CPCCN para imponer las costas a la demandada vencida (remitiendo a 'Morales' y a la propia jurisprudencia de la Alzada).
¿Cómo votaron los jueces?
No existe voto en disidencia señalado; la resolución se adoptó por mayoría (Larriera y Amabile). La Sra. Jueza Silvia Mónica Fariña no suscribió por hallarse en uso de licencia.
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Leyes que cita
- Ley 20.628Impuestos a las ganancias
- Ley 27.423Honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la justicia
- Ley 24.241Sistema integrado de jubilaciones y pensiones
- Ley 27.609Indice de movilidad jubilatoria
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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