ROMERO, PEDRO ISMAEL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Pedro Ismael Romero.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo de reajuste por movilidad del haber jubilatorio, liquidación de retroactivos y declaración de inconstitucionalidad de diversas normas (entre ellas leyes 27.541, 27.609, art. 9 inc.3 ley 24.463, art. 82 inc. c ley 20.628, y decretos 274/24 y 782/2024).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la excepción de prescripción liberatoria respecto del período anterior a los dos años previos al reclamo administrativo; se rechazó parcialmente la demanda; se rechazó la inconstitucionalidad de la ley 27.541 y se ordenó integrar el haber conforme sus considerandos; se declaró inconstitucional el art. 1 de la ley 27.609 a partir de 2022 y se ordenó actualizar los haberes trimestralmente (marzo, junio, septiembre, diciembre) con una fórmula compuesta 50% IPC (INDEC) y 50% RIPTE, sin rezago, hasta el trimestre enero-marzo de 2024 inclusive; se declaró la inconstitucionalidad del art. 9 inc.3 de la ley 24.463 en caso de acreditarse confiscatoriedad al presentar la liquidación; se declaró la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c de la ley 20.628 en caso de que las sumas recalculadas superen el mínimo no imponible; se impusieron las costas a la demandada; y se difirió la regulación de honorarios hasta contar con base económica firme.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “De acuerdo con lo establecido en el art. 168 de la ley 24.241 (conf. art. 82 de la ley 18.037), prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio. Asimismo, dicho criterio ha sido sustentado por la jurisprudencia de la CSJN, entre otros, en los casos ‘Jaroslavsky, Bernardo’, y ‘Miralles, Enrique’, precedente este último en el cual se sostuvo la constitucionalidad de los arts. 82 y 83 de la ley 18.037 en cuanto fija términos de prescripción específicos para las deudas de los entes previsionales, y a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad. Conforme surge de las constancias de autos y del expediente administrativo agregado como prueba, el 27/10/2025 la parte actora efectuó reclamo administrativo ante la ANSeS a fin de que se proceda a reajustar su haber y se liquide retroactivamente lo adeudado en consecuencia, el que fue rechazado por el ente. Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la excepción planteada, la que habrá de operar para el período transcurrido hasta los dos años anteriores tal fecha.”

2) “En punto a ello, y de acuerdo a lo señalado por la Cámara en el precedente ‘ITALIANO’, si bien durante el primer año de vigencia de la ley 27.609 (año 2021) se observa que los aumentos otorgados a las prestaciones previsionales mediante la fórmula de movilidad mantuvieron, en términos generales, una razonable correspondencia con la evolución de los principales indicadores económicos de referencia (el Índice de Precios al Consumidor -IPC- y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-), sin observarse una afectación significativa en términos reales, a partir del año 2022 y por el período transcurrido hasta el año 2024, los aumentos otorgados en virtud de la ley 27.609 evidencian una insuficiencia progresiva frente al agravamiento del contexto económico y la aceleración del proceso inflacionario. Es decir, en comparación con los mismos indicadores de referencia, esto es, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el índice RIPTE, la fórmula de movilidad previsional dejó de reflejar adecuadamente la evolución del costo de vida y los salarios. Analizada la cuestión, advierto conveniente adherir al criterio sostenido por Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, por la mayoría de la Sala II, en el precedente ‘ITALIANO, Antonio, c/ Anses, s/ Reajustes varios’… Con arreglo a lo allí señalado, respecto al período mencionado, ‘…se generó un apartamiento progresivo entre la movilidad aplicada y los mencionados indicadores, que arroja como resultado una depreciación acumulada para los haberes de pasividad en el período comprendido entre los meses de enero de 2021 a marzo de 2024, del 97,29% en relación al IPC y del 66,18% en comparación al RIPTE, que implican en la práctica una pérdida del poder adquisitivo real de entre el 33,70% (RIPTE) y el 49% (IPC)’.”

3) “En función de lo expuesto, se resuelve declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 a partir del año 2022 y ordenar a la administración demandada a actualizar los haberes previsionales en forma trimestral, a partir del año 2022, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre con la fórmula indicada compuesta en un 50% por las variaciones en el IPC (Nivel General) del INDEC y en un 50% por las variaciones en el índice RIPTE, ocurridas en el trimestre en cuestión (sin rezago), hasta el trimestre enero-marzo 2024 inclusive.”

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra voto en disidencia en el dispositivo; la resolución es dictada por la Jueza Federal María Gabriela Marron.