VALENCIA, JOSE PEDRO c/ PROVINCIA ART S.A. s/RECURSO LEY 27348

¿Quién es el actor?

José Pedro Valencia.

¿A quién se demanda?

Provincia ART S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reclamo por prestaciones/indemnización por incapacidad (incapacidad psicológica del 10% por Reacción Vivencial Anormal Neurótica II) derivada de un accidente laboral ocurrido el 05/11/2022, cuando un perro atacó y mordió la mano derecha del trabajador.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia apelada que reconoció la incapacidad psicológica en un 10% y condenó a la aseguradora al pago (la sentencia de grado había condenado al actor a la suma de $2.712.801,51 con más sus intereses); se impusieron las costas de alzada a la demandada vencida; y se regularon los honorarios del firmante del escrito dirigido a la Cámara en un 30% de lo que le correspondiera percibir por su actuación en la instancia anterior.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Desde mi perspectiva, si el trabajador concurrió ante la Comisión Médica Jurisdiccional N°10 reclamando por las consecuencias dañosas del accidente de trabajo ocurrido el 05/11/2022, ello alcanza para tener por cumplida la instancia administrativa previa y obligatoria establecida en la ley 27.348, en tanto dispone que es ante la autoridad administrativa ante quien debe el trabajador o la trabajadora solicitar 'la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias' (art. 1°). Digo esto porque -de la propia normativa transcripta- no se vislumbra con claridad que el trabajador tenga la carga de señalar con precisión cada una de las dolencias que la contingencia le provoca, extremo que tampoco se desprende de lo normado en la Resolución SRT 298/2017 ni en la Resolución 899-E/2017. Es dable señalar, además, que dichas normas deben interpretarse con las reglas que surgen del principio protectorio y también -por tratarse de un procedimiento administrativo- con las que surgen del principio de formalismo atenuado en favor del administrado."

"Por otra parte, esta interpretación se ve reforzada a poco que se advierte que la República Argentina se comprometió, ante la comunidad de naciones americanas, a garantizar el derecho de toda persona 'a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente' (art. 8° CIDH). En concordancia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 'Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART SA s/accidente-ley especial' ... sostuvo: Resulta indudable que la producción de tales medidas es admisible durante el trámite judicial. [...] La norma instituye una acción en la que las partes tienen derecho a ofrecer y producir la prueba que consideren pertinente y que permite la revisión del acto por parte de un tribunal que actúa con plena jurisdicción a fin de ejercer el control judicial suficiente y adecuado que cumpla con la garantía del art.18 de la Constitución Nacional…' (v. considerando 10)."

"En lo relativo a la somera mención realizada en torno a la inexistencia de relación de causalidad, concluyo que este aspecto debe declararse desierto (artículo 116, LO). Esa clara deficiencia del recurso sella negativamente su suerte, pues como lo ha señalado la doctrina, la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa a la apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique M., 'Código Procesal', t. II, p. 266)."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Enrique Catani expuso los fundamentos y propuso confirmar; la Dra. Gabriela Alejandra Vázquez adhirió al voto. No adopta disidencia.