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Primera Instancia

VILLA NELSON WALTER c/ INTERSEV S.A, Y OTROS s/INDEMNIZACION ART. 212

Reclamó indemnización por incapacidad absoluta prevista en el art. 212, 4º párr. LCT, por accidente in itinere que le produjo incapacidad permanente. El Juzgado hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente a Gatti y al Consorcio de Propietarios Congreso 1580 a pagar $105.366 más accesorios y costas, fundando el derecho en dictámenes médicos y en la aplicación del art. 212 LCT; además declaró inconstitucional el inciso c) del art. 55 de la Ley 27.802 en cuanto impone la quita del 33%.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO NACIONAL DE 1RA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO. 59
Fuero
NACIONAL DEL TRABAJO
Jurisdicción
Nacional · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CNT 067510/2013
Indemnizacion art. 212 lct Incapacidad absoluta Accidente in itinere Responsabilidad solidaria Art. 30 lct (contratacion/subcontratacion) Inconstitucionalidad ley 27.802 art.55 c) Actualizacion ipc + 3% Costas Honorarios.

¿Quién es el actor?

Nelson Walter Villa.

¿A quién se demanda?

Norberto Eduardo Gatti y Consorcio de Propietarios Congreso 1580 (también se gestionó respecto de Intersev S.A., de la que se dijo que era nombre de fantasía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización prevista en el artículo 212, cuarto párrafo, de la LCT por incapacidad absoluta derivada de accidente in itinere ocurrido el 23/10/2011; liquidación reclamada por $178.551 (según escrito inicial), la sentencia fija condena de $105.366 conforme prueba.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda y se condenó solidariamente a Gatti y al Consorcio a pagar al actor la suma de $105.366 más accesorios; se impusieron las costas a los demandados vencidos y se reguló honorarios. El tribunal consideró probado que el actor padecía incapacidad total y permanente con anterioridad al 27/10/2014 —fecha alegada por la defensa como extinción—, remontando la extinción al dictamen administrativo de 26/02/2013, por lo que correspondía la indemnización del art. 212, 4º párr. LCT. Asimismo, en ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad, declaró inconstitucional e inconvencional el artículo 55, inciso c) de la Ley 27.802 en cuanto establece una quita del 33% al monto mínimo garantizado para créditos judicializados, y dispuso que la liquidación se actualizará según el IPC (INDEC o IPCBA cuando corresponda) con más 3% anual sin aplicar la quita del 33%.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "En definitiva del análisis de las pruebas producidas en autos, surge en forma indiscutible, por un lado que el actor padecía una incapacidad total y permanente para el trabajo que le imposibilitaba continuar trabajando en forma activa y por el otro que la misma se configuró con anterioridad al día 27 de octubre de 2014. Arribo a esta última conclusión por cuanto la configuración de la incapacidad absoluta debe remontarse a la fecha del dictamen de la Comisión Médica en las actuaciones administrativas llevadas adelante por el actor a los fines de obtener la jubilación por invalidez. Dicho Dictamen fue firmado con fecha 26 de febrero de 2013 (ver fs. 8 del expediente físico) surgiendo así en forma indubitada que el actor ya se encontraba con una incapacidad física permanente que le impedía en definitiva continuar con el contrato de trabajo..."

2) "En el marco antes indicado entiendo que el artículo 55 en cuestión en cuanto determina en su inciso c que el monto mínimo garantizado (IPC más el 3% anual) tendrá una quita del 33% para los créditos que se encuentren en instancia judicial y sin sentencia definitiva resulta inconstitucional e inconvencional."

3) "Por lo expuesto determino que el monto de condena deberá ajustarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 27.802 estableciendo que los importes resultantes en la liquidación a practicarse en ningún caso podrán ser inferiores a lo dispuesto en el artículo 55, inciso b de la Ley 27.802, aclarando que para los períodos en los que no se encuentre publicado dicho índice se aplicará la variación del índice de precios al consumidor elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPCBA). Los intereses y/o eventual actualización a utilizar se aplicarán desde el momento en que cada crédito es exigible y hasta la fecha del efectivo pago."

¿Cómo votaron los jueces?

No constan votos en disidencia en la sentencia. La decisión es unitaria del Juzgado de primera instancia.

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