ROMERO JORGE LUIS Y OTRO c/ CRJPPFA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

ROMERO JORGE LUIS y otro.

¿A quién se demanda?

CRJPPFA (presumiblemente la demandada vinculada a Personal Militar y Civil de las FFAA y de SEG).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

incorporación al haber de retiro del adicional previsto en el Decreto 491/19 con carácter remunerativo y bonificable, y demás prestaciones reclamadas en autos.

¿Qué se resolvió?

La Cámara declaró formalmente admisible el recurso interpuesto por la parte demandada; revocó parcialmente la sentencia apelada en lo relativo al plazo de cumplimiento (ordenando ajustarlo conforme al punto IV del fallo); confirmó la sentencia recurrida en todo lo demás que fue objeto de agravios; impuso las costas de la alzada a la demandada y ordenó regular honorarios por las actuaciones de segunda instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"II.- Seguidamente, como se señaló ut supra, la parte demandada se agravia respecto del reconocimiento del decreto 2140/13 y del reconocimiento del carácter bonificable al decreto 380/17. De las constancias de autos se desprende que el decisorio de grado está dirigido unicamente a la percepción de los adicionales establecidos en el decreto 491/19 con carácter remunerativo y bonificable. Por ello, atento que los agravios están dirigidos a cuestiones que no han sido objeto del presente proceso, corresponde desestimarlos."

"IV.- Que, en relación al plazo de cumplimiento, se ordena a la demandada que a partir del momento en que adquiera firmeza el decisorio de conocimiento, deberá efectuar la previsión presupuestaria correspondiente y acreditarla en la causa con la documentación pertinente, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable para la cancelación de créditos provenientes de pronunciamientos judiciales que condenan al Estado Nacional o a sus organismos públicos, al pago de las sumas de dinero (conf. Art. 22 de la ley 23.982 y art. 170 de la ley 11.672 actualizada y ordenada por el decreto 740/2014). Cabe recordar que las normas de consolidación son de orden público (Fallos: 319:2931; 326:1637) y, por ello, deben ser aplicadas por los jueces en cualquier estado del proceso y aun de oficio, sin que medie petición alguna de las partes (Fallos: 317:1342 y 329:1715)."

"V.- En cuanto al agravio respecto de las costas impuestas en la instancia de grado, corresponde confirmarlas en virtud al principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCN). Finalmente, conforme al resultado obtenido, las costas de esta alzada estarán a cargo de la demandada vencida (cfr. art. 68 CPCCN)."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registra voto en disidencia en el bloque resolutorio final.