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Primera Instancia

VIÑALS MARIA TERESA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

La actora pidió la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y decretos conexos y el pago retroactivo de reajustes previsionales. El Juzgado Federal de la Seguridad Social rechazó la demanda por falta de agravio constitucional demostrable y consideró legítimas las medidas de emergencia y la posterior ley 27.609, imponiendo costas a la actora y regulando honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
JUZGADO FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10
Fuero
FEDERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción
Federal · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CSS 037392/2026
Anses Ley 27.541 Ley 27.609 Movilidad jubilatoria Emergencia Inconstitucionalidad Derechos patrimoniales Reajustes previsionales Cosa juzgada Costas y honorarios

¿Quién es el actor?

Viñals María Teresa.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se reclamó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y Decretos N°163/2020, 495/2020, 692/2020 y 899/2020 por suspender la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241 por 180 días; se solicitó el pago retroactivo de sumas desde marzo de 2020 y la inconstitucionalidad de la Ley 27.609.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda deducida por Viñals María Teresa. Se impusieron las costas por orden y se regularon honorarios de la letrada de la actora en $540.025 (5 UMA), sin imponer honorarios a la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva esa exigencia, por lo que es atribución y deber del legislador fijar el mecanismo concreto de esa garantía..."

"Cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay violación del art. 17 de la Constitución Nacional, sino una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis."

"A la luz de lo reseñado, y ante la carencia de indicadores adecuados que me permitan llegar a la convicción de la falta de razonabilidad de los preceptos en crisis, no se configure en el caso el agravio constitucional que justificaría admitir el amparo."

Además, el tribunal destacó que los incrementos trimestrales otorgados por el Poder Ejecutivo (Dtos. 163 y 495/2020) y la sanción posterior de la Ley 27.609 pusieron fin al plazo cuestionado, y recordó que la declaración de inconstitucionalidad es "ultima ratio" que procede sólo cuando la repugnancia con la Constitución sea manifiesta, clara e indudable. No hay votos en disidencia en esta sentencia de primera instancia.

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