RICALDONI, MAGALI c/ MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA Y OTRO s/DESPIDO
Reclamó Magalí Ricaldoni por despido y nulidad del cese, indemnizaciones y daño moral por discriminación ideológica contra el Ministerio del Interior y la CNRT. La Cámara modificó la sentencia de grado elevando la condena a $346.986, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad sobre la prohibición de indexación y confirmó lo demás de la sentencia con costas a la demandada.
¿Quién es el actor?
Magalí Ricaldoni.
¿A quién se demanda?
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y Estado Nacional - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de fraude laboral en cadena, condena solidaria por despido arbitrario (indemnizaciones, salarios caídos) y resarcimiento por daño moral por discriminación ideológica y sindical.
¿Qué se resolvió?
La Cámara modificó la sentencia de grado elevando el monto de condena a PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($346.986), dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación, confirmó la sentencia de grado en lo demás que fue materia de agravios, impuso costas de alzada a la demandada vencida y reguló honorarios de alzada en el 30% de lo regulado en primera instancia. (Decisión de la mayoría.)
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "La prueba testimonial colectada en estas actuaciones aporta elementos de convicción de indudable fuerza dirimente que operan como indicios unánimes y concordantes de la persecución política sufrida por la actora. La testigo María Soledad Antellán, en su carácter de delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado, brindó un relato circunstanciado sobre las presiones institucionales que imperaban en la dependencia: '...había muchos conflictos entre los mismo funcionarios internas y había también una limitación para contratar, se contrataba alta por baja, por lo que hubo muchos conflicto por eso, y a los trabajadores se los obligaba hacer actividades partidarias, vinculadas a los partidos políticos de los funcionarios y eso fue también muy fuerte en esa época, la presión que vos entrabas por una baja por lo que había un condicionamiento muy fuerte. Que a la actora también se lo propusieron, pero se negó hacer actividades partidarias. Que la testigo supone que pudo haber sido el motivo de su despido...'".
2) "La circunstancia que el despido haya sido calificado como extemporáneo respecto de las bajas masivas de principios de año, lejos de diluir el nexo causal como erróneamente interpretó la jueza de grado, confirma la singularidad y especificidad de la persecución individualizada sobre la actora... Por consiguiente, juzgo que el agravio formulado por la parte actora en esta materia debe ser acogido, revolcándose la decisión de la instancia previa que rechazó el rubro. Evaluando las particulares circunstancias del caso... se fija la indemnización por daño moral en la suma solicitada de $50.000."
3) "Al confrontar los rubros declarados procedentes en origen con las operaciones aritméticas reales del propio texto de la sentencia, el defecto en la sumatoria final de la anterior instancia emerge de modo inconmovible... Más allá de subsanar dicho defecto, a esta suma debe adicionarse el importe de $50.000 por daño moral lo que determina una suma total de $346.986."
¿Cómo votaron los jueces?
El juez Diego F. Manauta adhirió en la mayoría sobre varios puntos pero discrepó respecto del cómputo de la antigüedad (propuso computarla desde 01/08/2011 y fijó capital en $237.590,64 en su propuesta) y respecto de la admisión del daño moral (propuso rechazarlo). Esas críticas quedaron en minoría; la solución de la mayoría (transcripta arriba) prevaleció.
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