Olive, Héctor Alberto c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad ley 11761

¿Quién es el actor?

Héctor Alberto Olive, jubilado de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires y la Caja de Jubilaciones del Personal del Banco Provincia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 25, 55, 57 y 71 de la ley 11.761 por violación de derechos y garantías constitucionales provinciales (arts. 11, 31, 40 y 57) y nacionales (p. ej. art. 14 bis), por disminución de haberes jubilatorios adquiridos.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se hizo lugar parcialmente a la demanda y se declaró la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad —respecto del actor— de los arts. 25, 55 y 57 de la ley 11.761; se rechazaron los restantes agravios (arts. 1 y 71). Costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) Consideración sobre legitimación y procedencia formal:

"El art. 161 inc. 1º de la Constitución provincial ... exige que la norma objeto de la demanda originaria de inconstitucionalidad sea 'controvertida por parte interesada'. En el caso no es necesario abundar acerca de que tal presupuesto de legitimación procesal activa se acredita acabadamente en cabeza del actor en tanto en su condición de jubilado de la Caja bancaria ... no existen dudas que la normativa impugnada es o habrá de serle aplicada (arts. 25, 57 y concs., ley 11.761). Y ello basta para decidir la cuestión en favor de la procedencia formal de la demanda."

2) Sobre el art. 25 (aplicación inmediata de la nueva ley):

"El art. 25 ... determina que, cualquiera sea la fecha en la que aconteció el hecho generador de la prestación, corresponde la aplicación de la nueva ley a los fines de regir el derecho a las prestaciones... A mi juicio el art. 25, con el alcance que he dejado precisado más arriba, constituye una norma violatoria de las garantías invocadas por el interesado... el art. 25, al pretender sujetar tal derecho a la nueva ley, con prescindencia de aquélla que rigió su otorgamiento, constituye una norma que de aplicarse efectivamente al actor habrá de avasallar el derecho a la prestación jubilatoria de que es titular, por lo que resulta contrario al art. 31 de la Constitución provincial y debe ser declarada su inconstitucionalidad y, por consiguiente su inaplicabilidad al demandante."

3) Sobre el art. 55 (asignación incentivada):

"De la prueba informativa ... surge que el actor percibió ... la asignación denominada retribución especial semestral ... desde la fecha en que obtuvo su beneficio jubilatorio hasta diciembre de 1995 ... La asignación incentivada ... debe integrar la base de cálculo del haber pues así lo determina el art. 40 de la ley 5678, norma que rigió el discernimiento y determinación del derecho previsional al accionante. De allí que la restricción que el artículo en análisis impone constituye una reducción del haber, tal como debe ser liquidado por aplicación de la norma que rigió la prestación previsional. ... Concluyo que el art. 55 de la ley 11.761 debe ser descalificado por violatorio del art. 31 de la Constitución provincial, correspondiendo establecer su inaplicabilidad al demandante."

4) Sobre el art. 57 (régimen de movilidad por coeficientes):

"El cambio del régimen de ajuste de la prestación ... por el reajuste mediante coeficientes establecido en la ley 11.761 es inconstitucional por ser contrario al art. 31 de la Constitución provincial, por lo que debe declararse su inaplicabilidad al actor." El voto mayoritario entiende que la sustitución del sistema de movilidad previsto por la ley 5678 por el nuevo mecanismo altera la proporcionalidad esencial entre haberes de actividad y pasividad y puede implicar afectación confiscatoria del derecho de propiedad.

5) Dispositivo mayoritario:

"Por lo expuesto ... por mayoría, se hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta, declarándose la inconstitucionalidad de los arts. 25, 55 y 57 de la ley 11.761 y su inaplicabilidad al demandante. Las costas se imponen a la vencida."

¿Cómo votaron los jueces?

Los doctores Soria y de Lázzari votaron por la negativa (rechazo de la acción), sosteniendo que la ley 11.761, interpretada conforme a límites de razonabilidad y control judicial, no configuraba en su criterio una afectación inconstitucional en los términos del caso concreto; sus fundamentos constan en sus votos particulares, pero el fallo se resolvió conforme al bloque dispositivo mayoritario.