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Tribunal Superior

Bargas, Mónica M. c/ Municipalidad de General Pueyrredon. Coadyuvante: Peralta Martínez, Julio A. s/ Denanda contencioso administrativa

La actora demandó a la Municipalidad de General Pueyrredón solicitando la nulidad de los decretos 928/03 y 2.003/03 que aprobaron un concurso y designaron a Julio Alejandro Peralta Martínez. La Corte rechazó la demanda por no acreditar vicios procedimentales que generen perjuicio concreto ni incumplimiento de cargas probatorias, y sostuvo que el acto administrativo se ajustó a derecho.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-66683
Concurso publico Nulidad administrativa Principio de razonabilidad Prueba y onus probandi Indefension Motivacion administrativa Reglamento general de concursos (dec. 1.547/02) Designacion municipal Actuacion jurisdiccional Costas/honorarios Observacion final: la decision majoritaria rechazo la demanda por ausencia de prueba de perjuicio concreto o violacion de garantias y por incumplimiento de la carga probatoria por parte de la actora La disidencia no se registro en el dispositivo.

¿Quién es el actor?

Mónica Margarita Bargas, por su propio derecho.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de General Pueyrredón.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de los decretos 928/03 (aprobación de concurso y orden de mérito; designación de Julio A. Peralta Martínez como Director de Coordinación Delegación Puerto) y 2.003/03 (rechazo de recurso de revocatoria), y que se ordene un nuevo llamado a concurso; se ofreció prueba y reserva de caso federal.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza la demanda interpuesta por la actora. Costas por su orden. Se regulan honorarios del letrado patrocinante de la parte actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"1. Inicialmente, debo reiterar que la fiscalización jurisdiccional de los actos administrativos, aun de aquéllos como los cuestionados en autos, que traducen el ejercicio de las atribuciones de la autoridad pública en materia de organización administrativa y selección del personal, no exhibe como tal -en principio- elemento estructural alguno que conlleve un trato diferencial a la hora de establecer su impugnabilidad en sede procesal administrativa, ni menos todavía, que acote las causales determinantes de una eventual invalidez. Bajo la observancia de la regulación material que les sea aplicable, tales actos están comprendidos por las normas y principios informadores de la juridicidad administrativa; traducen un quehacer sujeto a control y eventual invalidación judicial, al comprobarse no solo arbitrariedad, irrazonabilidad o lesión de derechos o intereses consagrados en la Constitución provincial, sino también la concurrencia de cualquier otra circunstancia determinante de nulidad prevista en el ordenamiento positivo (arg. arts. 15, Constitución provincial; 103, 108 y conc., Ord. Gral. 267/80; conf. mis votos en las causas B. 61.065, "Segura", sent. de 29-X-2003; B. 60.941, "Susena", sent. de 29-XII-2009 y B. 62.963, "Regal", sent. de 26-VIII-2015)."

"2.a. Más allá de la definición efectuada por la mayoría de esta Corte en la causa B. 59.986, "Caselli" (sent. de 16-II-2005), cabe tener presente que la anulación judicial por vicios en el procedimiento administrativo requiere la inobservancia o el quebrantamiento por la autoridad pública de trámites esenciales, que se traduzca en un perjuicio concreto para el particular o lo coloque en estado de indefensión (doctrina causa B. 62.840, "Acosta", sent. de 27-III-2008) y que la cuestión sea planteada en esos términos por el afectado (doctrina causa B. 63.335, "Moreno", sent. de 5-V-2010)."

"2.d. Este Tribunal ha señalado que las nulidades por vicios del procedimiento procuran evitar que el incumplimiento de las formas o trámites esenciales se traduzca en un perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión. Si, como sucede en el caso de autos, no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, ni puesto en evidencia la infracción a la garantía de defensa en juicio, no hay motivo para predicar la invalidez del acto (art. 103, Ord. Gral. 267; doctrina causas B. 62.840 cit.; B. 65.342, "De Gregorio", sent. de 6-VIII-2014; B.63.793, "Galasso de Solari", sent. de 4-VIII-2016 y B. 65.406, "Moscatelli", sent. de 28-XII-2016; entre otras)."

"3. ... Ninguna de estas alegaciones puede prosperar toda vez que la accionante no ofreció ni produjo prueba tendiente a acreditar las circunstancias que invoca como fundamento de su impugnación."

"4. Por último, corresponde tratar la impugnación que formula la actora al decreto 928/03 con fundamento en la falta de motivación. ... Sin embargo, el decreto 2003/03 -que rechazó el recurso de revocatoria incoado contra aquél por la aquí actora-, en sus considerandos, puntualizó y contestó cada uno de los cuestionamientos formulados por la recurrente de conformidad con el dictamen legal previo (arg. art. 108, Ord. Gral 267/80). Así las cosas, toda vez que el decreto 2003/03 constituye el acto definitivo que franqueó el acceso a esta instancia judicial (arg. art. 14 apdo. 1 inc. "a"), es dable concluir que al momento de interponerse la demanda de autos no concurrió un agravio actual, motivo por el cual cabe rechazar la impugnación."

¿Cómo votaron los jueces?

el Dr. Soria votó por la negativa con costas por su orden; el Dr. Negri adhirió; los Dres. de Lázzari y Genoud coincidieron por los mismos fundamentos. Bloque dispositivo final: "Por las razones expuestas en el acuerdo que antecede se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden..."

Fechas y montos relevantes:

Fecha de la sentencia en la Corte: 20 de septiembre de 2017.

Decretos impugnados: 928/03 (21/04/2003) y 2.003/03 (6/08/2003).

Orden de mérito: Peralta Martínez 71,21 puntos; Bargas 70,33 puntos (diferencia 0,88 puntos según planilla; en el relato la actora afirmó 0,94).

Honorarios del letrado de la actora regulados en suma no consignada textualmente en el fallo ("… pesos -$...-").

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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