SANTILLAN, MARIA CRISTINA S/ QUEJA EN CAUSA N° 86.766 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA III.-

¿Quién es el actor?

La imputada M. C. S., por intermedio del defensor oficial adjunto Dr. Ignacio J. D. Nolfi, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y con queja concedida contra la Sala III del Tribunal de Casación Penal.

¿A quién se demanda?

Tribunal de Casación Penal, Sala III (por haber rechazado el recurso de casación y declarar inadmisible el recurso extraordinario).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se denunció la arbitrariedad y falta de fundamentación del rechazo del recurso de casación relativo a la mensura de la pena; se solicitó que se tuviera en cuenta como circunstancia atenuante la disminución del grado de autodeterminación por el trastorno de estrés postraumático (pericia del Dr. Enrique Stola) derivado de violencia doméstica prolongada, con la consiguiente reducción de la pena impuesta (siete años).

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte provincial hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, revocó parcialmente la sentencia de la Sala III del Tribunal de Casación Penal por arbitrariedad en la fundamentación y devolvió los autos para que, con intervención de jueces habilitados, dicte nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La escueta referencia a que '...no se advierte -ni puede inferirse- que, aunque deprimida, S. se encontrara imposibilitada de detener sus impulsos o limitada en su libre accionar', deja de lado el análisis probatorio del caso con perspectiva de género en el punto medular de la determinación de la pena."

"Ninguna ponderación se hizo respecto del informe pericial del doctor Enrique Stola. Allí se especifica que el trastorno de estrés postraumático (que el revisor minimiza como estar deprimida) era consecuencia del historial de discriminación y violencia padecido por la imputada a manos de su esposo: se acreditó que sufrió por casi treinta y ocho años descalificaciones, amenazas y violentos actos físicos, violencia psicológica, económica, sexual y física extrema por parte de quien a la postre resultó agredido."

"La categoría de género obliga a realizar exámenes contextualizados. Y en tal sentido, en punto a la mensuración punitiva, el modo de abordaje omitió adoptar la perspectiva adecuada para actuar con la debida diligencia que prescribe el art. 7.b. de la Convención de Belem do Pará, aprobada por la ley 24.632; poniendo en tensión el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los términos de los arts. 3 y 6 de la citada convención y 2.b. de la ley 26.485."

"En tales condiciones, y dadas las especiales particularidades puestas de relieve, asiste razón a la defensa en su reclamo, pues las genéricas consideraciones efectuadas por el tribunal intermedio para mantener la graduación de la pena configuran un supuesto de arbitrariedad por falta de fundamentación que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido (doctr. art. 18, Const. nac.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto favorable fue propuesto por la jueza Kogan y acompañado por los jueces Soria, Torres y Genoud; la decisión de la Corte fue unánime en admitir el recurso y ordenar la revocación parcial y devolución para nueva decisión.

Fechas y montos relevantes: Hecho ocurrido el 16/09/2014; la condena original fue pena de siete años; recurso de casación rechazado por Sala III el 27/12/2019; sentencia de la Suprema Corte dictada y firmada el 28/12/2023; orden de remisión conforme art. 496 CPP.