AFIP-DGI. Incidente de verificación de crédito en autos 'Empresa Monte Grande S.A. Concurso preventivo

¿Quién es el actor?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) promovió el incidente de verificación tardía.

¿A quién se demanda?

Empresa Monte Grande S.A., concursada.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento y verificación de créditos derivados de caducidad de planes de facilidades de pago por obligaciones previsionales y por impuesto a las ganancias (certificados/boletas de deuda y liquidaciones administrativas).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la sindicatura contra la confirmación de la verificación del crédito; costas al concurso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Como se aprecia el embate de la impugnante basado en señalar lo que entiende son errores en los montos de algunos créditos, en particular a fs. 261 vta., pone en evidencia que ha soslayado hacerse cargo del fundamento basal de los sentenciantes, consistente en que a través de toda la documental aportada, emitida de conformidad con los procedimientos legales de la materia, se había probado la causa, monto y privilegio del crédito, como lo exigía el art. 32 de la ley 24.522 (v. fs. 261/262 vta.)."

"En efecto, la fundamentación de la Cámara es coincidente con la doctrina legal que sostiene que los certificados o boletas de deuda suscriptos por funcionarios gozan del carácter otorgado por el art. 979 incs. 2 y 5 del Código Civil, por lo que hacen plena fe hasta que sean argüidos de falsos (art. 993, Cód. Civ.). Y en aquellos aspectos en los que las objeciones contra su plena fe no requieren su redargución de falsedad, como ser las impugnaciones contra su sinceridad o corrección (arg. arts. 994, 995, Cód. Civ.), al constituir títulos de créditos emitidos por el tesoro público igualmente mantienen la presunción de su legitimidad (arg. art. 12 y concs., ley nacional 19.549; art. 7, Const. nac.), que se configura una vez que los mismos fueren consentidos por la deudora o quedasen agotadas las instancias de revisión que las normas administrativas prevean, y en la medida que no se encuentre cuestionada la legalidad del procedimiento determinativo fiscal, la constitucionalidad de las leyes base de la determinación o el derecho de defensa del concursado."

"En suma, quien impugnó la presentación del ente recaudador respecto de lo que entendió que era un error en los cálculos debió ofrecer la prueba pericial contable. Ello es así en razón de la presunción de legitimidad que reviste el certificado de deuda acompañado por el ente recaudador nacional, pues ese medio probatorio es el único idóneo para llevar al magistrado a formar su convicción sobre la veracidad de la deuda que se reclama ante la denuncia articulada por la contraparte. La procedencia del monto que el incidentista intenta verificar queda incólume al no ser desvirtuado."

¿Cómo votaron los jueces?

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas al concurso (arts. 68 y 289, C.P.C.C.)."