Mendoza, Raúl Edmundo c/Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/Demanda contencioso administrativa
El actor reclamó el cómputo de servicios fictos a efectos jubilatorios por el período 31-12-1979 a 20-11-1987 en virtud de la ley 11.729. La Suprema Corte, por mayoría, rechazó la demanda por inexistencia de prueba que desvirtúe la motivación del acto de cese y confirmó la validez de la actuación del Instituto al requerir prueba y denegar el reconocimiento.
¿Quién es el actor?
Raúl Edmundo Mendoza.
¿A quién se demanda?
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de las resoluciones del I.P.S. Nros. 403.726/1997 y 419.799/1998 y reconocimiento del cómputo de servicios fictos (período de inactividad entre 31-12-1979 y 20-11-1987) en virtud de la ley 11.729.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se rechazó la demanda interpuesta; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el caso, se ha infringido el art. 63 del decreto ley 7647/1970, en tanto, habiéndose presentado el actor en oportunidad de interponer el pronto despacho y habiendo en esa oportunidad constituido nuevo domicilio -todo ello con anterioridad a la notificación impugnada- la comunicación debió practicarse en este último domicilio.
En efecto, el art. 63 dispone en su último párrafo que las notificaciones serán dirigidas 'al domicilio constituido por el interesado o, en su defecto, a su domicilio real'. No se trata de una opción a favor de la autoridad administrativa, pues siempre que el administrado haya constituido domicilio en las actuaciones, la notificación debe dirigirse a dicho emplazamiento... Siendo que la diligencia impugnada se realizó en el domicilio real del actor, cuando mediaba domicilio constituido en las actuaciones administrativas, la misma resulta ser nula (arts. 63 y 67, decreto ley 7647/1970)."
y
"Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbe al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, C.P.C.C.), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública... Así los hechos, no obra en la causa ningún elemento de juicio que habilite al Tribunal a desvirtuar las razones que llevaron al entonces Intendente de la Municipalidad de Saladillo a disponer el cese del actor, y encuadrarlas, por otra parte, en los supuestos contemplados por la normativa cuya aplicación persigue el ex agente Mendoza."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que integró la mayoría fue el del Dr. Soria (rechazo), acompañado por las Dras. de Lázzari y Pettigiani y la Dra. Kogan. Votos en disidencia (a favor de hacer lugar) fueron los Dres. Negri, Roncoroni y Hitters, quienes consideraron que correspondía reconocer la gracia de la ley 11.729 por existir indicios de motivación política y aplicación de presunciones y criterios favorables al trabajador.
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