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Tribunal Superior

RIZZO CARLOS ALBERTO C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ENFERMEDAD PROFESIONAL.

El actor promovió demanda por indemnización por enfermedad profesional contra el Fisco provincial. La Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad planteado por el Fisco y ordenó remitir los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, mensure hipotéticamente la cuantía de la indemnización y regule nuevamente los honorarios.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
RL-128930
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Honorarios Art. 23 ley arancelaria Art. 476 cpcc Enfermedad profesional Cuantificacion hipotetica Costas Suprema corte provincia de buenos aires Remision al a quo.

¿Quién es el actor?

Carlos Alberto Rizzo.

¿A quién se demanda?

Fisco de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por enfermedad profesional.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial; remitió los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, determine a partir de un hipotético progreso de la demanda la cuantía que podría haber alcanzado la indemnización y, sobre esa base, regule nuevamente los honorarios cuestionados. Se impusieron las costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"III.3. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, 'Enrique' (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante-; L. 84.028, 'Rojas' (sent. de 9-V-2007) y más recientemente en los precedentes L. 122.685, 'Sánchez' (resol. de 15-IX-2020) y L. 128.175, 'Cuervo' (resol. de 26-IV-2022), resulta írrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.

Para más, el hecho de que la actora -en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.

Cabe apuntar que en el sub examine, si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.

De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis."

"III.4. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, 'Calleri', sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, 'Bernoi', sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, 'Bravo', sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, 'Sánchez', resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, 'Fioritti', resol. de 10-V-2021)."

Bloque dispositivo final (transcripción):

"RESUELVE:

Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.

Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC)."

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