Fisco de la Provincia de Bs. As. c/Curtarsa, Curtiembre Argentina S.A.I. y C. s/Apremio
El Fisco provincial promovió ejecución por apremio de una multa administrativa impuesta a Curtarsa Curtiembre Argentina S.A.I. y C. La Suprema Corte hizo lugar al recurso extraordinario, casó la sentencia de la Cámara y confirmó el pronunciamiento de primera instancia por entender que la sanción administrativa quedó firme por consentimiento tácito y que el procedimiento administrativo sancionador no se rige con la rigurosidad del derecho penal.
¿Quién es el actor?
Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
¿A quién se demanda?
Curtarsa Curtiembre Argentina S.A.I. y C.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución por apremio de multa administrativa impuesta por resolución n.º 10.024 de fecha 30-12-1993; cobro de la multa.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco, se casó el fallo apelado (la Cámara de Apelación) y se mantuvo el pronunciamiento de primera instancia que ordenó la ejecución por apremio. Imposición de costas (art. 289 C.P.C.C.).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La multa que aquí se ejecuta fue aplicada a 'Curtarsa Curtiembre Argentina S.A.I. y C.' por resolución nº 10.024 de fecha 30 de diciembre de 1993, la que se notificó a la firma sancionada por carta documento el 20 de enero de 1994.
Cuestionada mediante recurso de fecha 28 del mismo mes y año, el mismo fue rechazado por no haber cumplido con los requisitos contenidos en el art. 4º del dec. ley 8841/77, los que hacen a su admisibilidad, tal como el pago previo de la multa dentro de los cinco días de notificada.
Esta última resolución —rechazando el recurso por no haber cumplido con los requisitos de admisibilidad- fue considerada inapelable ante una nueva presentación de la ejecutada, se tuvo por agotada la vía administrativa y se autorizó al señor Fiscal de Estado a perseguir el cobro de la multa mediante apremio."
"La resolución administrativa que impuso la sanción de multa que aquí se ejecuta, —al haber sido recurrida sin cumplimentar con los requisitos que hacían a su admisibilidad y, por ende, al no haberse concedido el recurso-, quedó firme produciéndose el consentimiento tácito del acto administrativo por falta de ataque idóneo.
Es evidente que dicho recurso resulta ineficiente -por lo expuesto- para alterar la ejecutoriedad de la multa. Recuerdo que ha dicho esta Corte que la sentencia, como acto procesal, vale por sí misma como acto del órgano jurisdiccional sujeto a la condición legal de que no llegue a pronunciarse una nueva sentencia por el tribunal ad quem; pero si el fallo es confirmado (o como en el caso, consentido) sus efectos se retrotraen a la fecha en que fue suscripta y el derecho subordinado a ella queda definitivamente adquirido como si nunca hubiere habido tal condición (conf. Ac. 42.226, sent. del 29-V-90 ...). Tales conceptos resultan igualmente aplicables al acto administrativo."
"Resta considerar la alegación del recurrente en el sentido que la sanción administrativa es una pena y, por tanto, cabría aplicar la ley más benigna.
Sin que pueda olvidarse el contexto donde se produce el debate -ejecución por vía de apremio-, ha de tenerse en cuenta que la equiparación con el régimen penal que propicia la demandada no puede auspiciarse en manera absoluta. En este sentido, 'la represión penal y la represión disciplinaria no se identifican totalmente. Así, por ejemplo, los principios nullum crimen sine lege y nulla pena sine lege no tienen en la sanción administrativa la rigurosidad que les cabe en la sanción penal' (C.S.J. Santa Fe... ). Es que el rigor del derecho penal administrativo no es el característico del derecho penal, toda vez que su objeto es el de aplicar simples sanciones y no verdaderas penas (...) En definitiva, los principios vigentes en materia penal no son de ineludible aplicación al procedimiento disciplinario administrativo en atención a las diferencias de naturaleza, finalidad y esencia existentes entre las sanciones disciplinarias y las penas del derecho penal (C.S., 17-II-1987, 'Pereiro de Buodo', Res. 948, Fallos 310:316)."
¿Cómo votaron los jueces?
Los señores jueces De Lázzari, Pettigiani, Hitters, San Martín y Laborde votaron por la afirmativa, en consecuencia la sentencia se dictó por unanimidad de los integrantes del acuerdo.
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