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Tribunal Superior

Hidalgo, Norma Marcela c/Municipalidad Tandil y ot. s/Pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Nulidad e Inapl. de Ley.

La actora reclamó indemnización por daños y perjuicios por su baja del plan PROMET, imputando la causa a una denuncia penal y a la actuación municipal. La Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, confirmando que la Cámara razonó válidamente que la pretensión indemnizatoria no podía prosperar frente a la firmeza del decreto municipal 2.533/11 no impugnado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
A-74709
Recurso extraordinario Inaplicabilidad de ley Nulidad Danos y perjuicios Acto administrativo firme Decreto municipal 2.533/11 Plan promet Absurdo jurisdiccional Firmeza de los actos administrativos Costas.

¿Quién es el actor?

Norma Marcela Hidalgo.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Tandil y Oscar Rubén Dieguez (codemandado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios por la baja del plan de empleo transitorio PROMET, originada —según la actora— en una denuncia penal que motivó su suspensión desde el 30/6/2005 hasta la resolución definitiva en 2011 (decreto municipal 2.533/11).

¿Qué se resolvió?

Se rechazaron los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la actora; se confirmó la lógica de la Cámara que anuló la sentencia de grado y rechazó la demanda en su totalidad por improcedente ante la firmeza del decreto municipal 2.533/11 no impugnado. Se impusieron las costas a la recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre el recurso de nulidad y la omisión alegada:

"La omisión de cuestión esencial denunciada no se evidencia en autos, por cuanto el Tribunal de Alzada, al hacer lugar al recurso intentado por la demandada, señaló el conjunto de razones en virtud de las cuales arribó a su decisión, sintetizadas en los argumentos de la falta de impugnación en sede judicial del decreto 2.533/11, y en el posterior reconocimiento por parte de la actora y demandados de la firmeza de la citada actuación."

"Técnicamente, no ha existido la omisión del tratamiento de una cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, sino una apreciación distinta de las parcelas que componen la pretensión, lo que debió ser canalizado a través de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley."

Sobre el recurso de inaplicabilidad de ley y la improcedencia de la pretensión resarcitoria:

"Los actos administrativos no atacados dentro del plazo de caducidad que establece el orden ritual, devienen firmes e irrevisables, razón por la que no será ya admisible el reclamo de los daños y perjuicios basados en el presunto accionar ilegítimo de la Administración."

"La descalificación del acto administrativo generador del daño, ya sea en el marco recursivo propio del procedimiento administrativo o en la instancia judicial, se erige como presupuesto ineludible para abordar una pretensión resarcitoria de los daños ocasionados al administrado por aquella actuación, directa o indirectamente reputada ilegítima..."

"La interpretación del contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente..."

"De la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses de quien impugna."

Conclusión dispositiva (bloque final):

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos (arts. 298 y 289, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente vencida..."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue unánime; los jueces Soria, Kogan, Torres y Genoud votaron por la negativa tanto en la cuestión de nulidad como en la de inaplicabilidad de ley.

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