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Tribunal Superior

Fiscal de Estado. Cuestión de competencia en autos: Maroto, Fernando c/Poder Ejecutivo s/Amparo

El actor, juez Fernando Maroto, promovió acción de amparo para que sus remuneraciones se paguen en moneda de curso legal y no parcialmente en Letras de Tesorería (“patacones”). La Corte rechazó el amparo por mayoría: declaró constitucional la Ley 12.727 y sus reglamentaciones por hallarlas razonables, temporarias y proporcionales en el marco de la emergencia económica.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-62959
Amparo Intangibilidad de remuneraciones Emergencia economica Letras de tesoreria (patacones) Ley 12.727 Proporcionalidad y temporariedad Constitucionalidad Provincia de buenos aires Medida cautelar Rechazo del amparo.

¿Quién es el actor?

Fernando Maroto, Presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, por su propio derecho y con patrocinio letrado propio.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declare inconstitucional la Ley provincial 12.727 (y Decreto reglamentario 2023/01) y se ordene el pago de sus remuneraciones (mensual y sueldo anual complementario) exclusivamente en moneda de curso legal, en lugar de ser abonadas parcialmente con Letras de Tesorería denominadas “patacones”; se solicitó medida cautelar de no innovar.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría la Suprema Corte (Conjueces) rechazó la demanda de amparo; costas por su orden, sin regulación de honorarios por tratarse de actuación en propia persona. Se consideró válida la declaración de emergencia y constitucional la normativa cuestionada, por ser temporaria, general, razonable y proporcionada en el contexto de la crisis económica.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) “Las razones han sido dadas en numerosas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tiene como substrato fáctico la grave emergencia económico financiera por la que atraviesa el País... La doctrina en general, no solo la mas reciente, enfrentan el tratamiento de la cuestión. Jurisprudencia nacional y comparada atienden al estado de emergencia, de necesidad y los ordenamientos jurídicos reconocen estas situaciones...”

2) “En la presente situación generadora de la cuestión bajo análisis, la Legislatura local sancionó la ley 12.727, el Poder Ejecutivo la promulgó y ejecutó conforme a lo dispuesto en el artículo 144 incisos 2 y 3 de la Constitución Provincial; declaró la existencia de la necesidad de actuar ante un contexto económico provincial y general que es de público conocimiento. Impuso un plazo para la emergencia de un año y alcanzó por igual, a los agentes de la Administración Pública provincial (cf. Arts.1, 2 y 15, Ley 12.727...).”

3) “El fundamento de las leyes de emergencia es consecuencia de una necesidad, la de poner fin o remediar situaciones de gravedad tal que obligan a intervenir en el orden patrimonial individual, fijando plazos, concediendo esperas, con una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y de la sociedad en su conjunto (C.S.J.N., “Fallos”, T. 136:161).”

4) “La intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados judiciales... resulta conclusión válida de tales premisas que el principio de intangibilidad mencionado no puede ser desconocido en el ámbito provincial; en la medida que las normas locales preserven la substancia del principio, en la medida que la ratio de éste no resulte frustrada, la exigencia del art. 5º de la Constitución Nacional resulta suficientemente cumplida.”

5) “De lo expuesto resulta que la tenencia o posesión de Letras de Tesorería para cancelación de obligaciones (‘patacón’) implica o conlleva una restricción o mengua de derechos implícita... La aceptación, ‘colocación’, utilidad, o potencialidad dineraria de la misma, depende de la credibilidad económica que despierte...”

6) “Probada la irrestricta circulación y no acreditada fehacientemente la persistencia de las dificultades expuestas, derivadas de la percepción parcial de las retribuciones en letras de tesorería, entiendo que no corresponde atender a los agravios de amparista.”

7) Voto resolutivo mayoritario: “Por los fundamentos expuestos... se rechaza la demanda interpuesta. Costas por su orden, en atención a la novedad y complejidad de la cuestión planteada (arts. 20, ley 7166 y 68, 2º parte, C.P.C.C.).”

Notas sobre votos: La sentencia es colegiada; los Dres. Cappello y Servini desarrollaron fundamentos extensos y ambos votaron por la negativa; los restantes conjueces (Cafferatta, Perez Catella, Muguerza, Tedesco, Montone) adhirieron a esos fundamentos y votaron por la negativa. El dispositivo final del Acuerdo dispone el rechazo, que es lo que manda como decisión de la mayoría.

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