Martínez, Paula S. contra Poncet, Lidya y otros. Daños y perjuicios. Incidente
La actora promovió demanda por daños y perjuicios con incidente vinculado a la consolidación de deudas y al alcance de la ley provincial 12.836. La Corte, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, confirmó la sentencia de Cámara y declaró constitucional y aplicable al caso la ley 12.836 con sus modificatorias y decretos 201/2010 y 304/2012, con el alcance señalado.
¿Quién es el actor?
Paula S. Martínez.
¿A quién se demanda?
Lidya Poncet y otros.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
acción de daños y perjuicios con cuestión accesoria relativa a la aplicabilidad del régimen provincial de consolidación de deudas (ley 12.836 y modificatorias) y la posible consolidación del crédito por honorarios profesionales.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 85/92 vta., se confirmó la sentencia de Cámara y se declaró constitucional y aplicable al caso la ley 12.836 con sus modificatorias y los decretos 201/2010 y 304/2012, con el alcance dispuesto. Se impusieron las costas por su orden y se dejó perdido el depósito de $7.860 efectuado a fs. 84 y 106.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 85/92 vta., se confirma la sentencia de Cámara y se deja sin efecto la decisión de esta Suprema Corte de fs. 295/303 declarándose constitucional y aplicable al caso la ley 12.836 con sus modificatorias y los decretos 201/2010 y 304/2012, con el alcance dispuesto. Las costas se imponen por su orden (arts. 68 2do.párr. y 289, C.P.C.C.)."
¿Cómo votaron los jueces?
"Por todo lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (arts. 289, C.P.C.C.). ... Allí consideré que si la obligación que surgía de la regulación de honorarios practicada a favor del letrado encontraba su causa en trabajos profesionales realizados íntegramente con posterioridad a la fecha de corte establecida en el régimen de consolidación de deudas, correspondía declarar que el cobro de los referidos honorarios se hallaba excluido de la consolidación. Por lo tanto, se colige que la fecha de los trabajos realizados es la pauta temporal que determina si los honorarios caen bajo la regulación del régimen de consolidación correspondiente..."
¿Cómo votaron los jueces?
"Corresponde seguir el criterio establecido por decisión de la mayoría de esta Suprema Corte... según el cual las correcciones incorporadas al sistema de consolidación de pasivos provinciales por la ley 13.929 y los decretos 201/2010 y 304/2012 superaron los reparos básicos... Por lo expuesto, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado y declarar aplicable la ley 12.836, con sus modificatorias y normas complementarias."
Sobre alcance temporal de honorarios (punto desarrollado por Pettigiani y acogido en la resolución práctica):
"De esta forma, serán los honorarios por labores anteriores al 1 de enero de 2000 los que deben ser alcanzados por la consolidación de deudas públicas provinciales establecida por la ley 12.836 y modificatorias..."
¿Cómo votaron los jueces?
La jueza Kogan votó en sentido afirmativo respecto de la accesoriedad de los honorarios y sostuvo que "los estipendios regulados a los letrados, como parte integrante de la condena en costas, participan de la condición de accesoriedad de la obligación principal", adhiriendo al fundamento de que el artículo 9 inc. b) de la ley 12.836 alcanza "toda obligación accesoria a una consolidada".
Otros datos relevantes:
Fecha de la sentencia: 22 de diciembre de 2015.
Se dejó sin efecto la previa declaración de inconstitucionalidad dictada a fs. 295/303.
Depósito perdido: $7.860 (fs. 84 y 106).
Se ordenó al tribunal a quo cumplimiento de arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).
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