Gutiérrez de Bogliano, María del Carmen y otros c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios
Demandan al Fisco provincial por daños y perjuicios por la realización de un canal que provocó anegamientos en un campo y reclaman desvalorización del valor venal, lucro cesante y gastos de recuperación. La Corte, por mayoría, rechazó el recurso extraordinario de la Provincia y confirmó en lo esencial la valoración pericial y la forma de cálculo del daño patrimonial, aunque hubo minoría que votó por revocar la indemnización por pérdida del valor venal.
¿Quién es el actor?
María del Carmen Gutiérrez de Bogliano y María Laura Gutiérrez de Añez (propietarias del campo "La Delia").
¿A quién se demanda?
Fisco de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios derivados de la realización del canal aliviador de la Laguna Los Laureles: responsabilidad civil, porcentajes de cocausación, desvalorización del valor venal del campo (pérdida por venta a menor precio), daño emergente, lucro cesante y gastos por recuperación de praderas y suelos.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Provincia (costas de la instancia al recurrente). La Corte confirmó, en lo principal, las conclusiones de la Cámara que consideraron probada la incidencia de la obra hidráulica en la disminución del valor de la finca y adoptaron como base los valores periciales para calcular la desvalorización; hubo votos en minoría que entendieron que debía prosperar el recurso y que la indemnización por pérdida del valor venal era improcedente sin demostrarse la definitividad del daño y la imposibilidad de recuperación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En el sub lite, ambas instancias de grado entendieron, apoyándose en la pericia hidráulica, que el campo de la señora Gutiérrez de Añez se ha seguido inundando y se ha convertido en potencialmente inundable (fs. 808 vta., 927 vta.). Asimismo, la alzada, en lo que respecta a la desvalorización del campo, afirmó que tanto el precio obtenido con la venta concretada en julio del 2003 como por el posible valor del mercado en su comparación con el valor del precio por hectárea si no hubiera existido la obra hidráulica dañosa son reveladores de un daño material cierto y concreto para la integridad del derecho de propiedad de la entonces enajenante, y no meramente de un desmedro hipotético, circunstancial o aleatorio (fs. 929/vta.)."
"Se advierte, pues, en el caso, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto resulta ineficaz toda vez que se traduce en una discrepancia con lo decidido por la jueza de primera instancia ... y no con lo resuelto por la Cámara que, como fuera reseñado, hizo lugar precisamente al planteo introducido por el Fisco y, en consecuencia, a los fines de establecer el quantum indemnizatorio, en concepto de desvalorización del campo, consideró exclusivamente los valores de mercado indicados por los expertos -antes y después de la realización de la obra-, descartando el monto en que efectivamente se concretó la operación, por resultar dicho acto inoponible a la demandada."
(Voto en disidencia que propuso prosperar el recurso:) "Ello así pues asiste razón al recurrente en cuanto a que el desarrollo que atiende esta parcela del reclamo en las instancias de grado ... incurre en absurdo, arribando a una solución inconciliable con las constancias de la causa, pues meritando únicamente las oscilaciones en el valor de mercado de la parcela enajenada ... concluye que el rubro es resarcible sin más, soslayando analizar las posibilidades de recuperación del uso y productividad del campo a las que el perito se refiere ... El yerro resulta trascendente, pues condujo a prescindir de la verificación de la irreversibilidad del daño que se invoca, condición indispensable para decidir su resarcibilidad."
Montos/fechas relevantes: Venta denunciada en julio de 2003; valores periciales comparados: con inundación u$s 550.000/660.000 (promedio u$s 605.000) y sin inundación u$s 1.800.000/2.100.000 (promedio u$s 1.950.000), diferencia calculada por la Cámara en u$s 1.345.000; la primera instancia había estimado diferencia de u$s 1.550.000.
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