CASTILLO, MIGUEL ALEJANDRO Y MORENO, MAXIMILIANO EZEQUIEL S/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN CAUSA N° 80.515 Y SU ACUMULADA N° 80.524 DEL TRIBUNAL DE CASACION PENAL, SALA V.-
Los imputados apelaron por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnando la condena por robo agravado en poblado y en banda con intervención de un menor. La Suprema Corte rechazó los recursos por falta de agravios oportunamente planteados y por considerar que el Tribunal de Casación aplicó correctamente la doctrina sobre participación de menor y la revisión amplia, confirmando la improcedencia de la inaplicabilidad invocada.
¿Quién es el actor?
Miguel Alejandro Castillo y Maximiliano Ezequiel Moreno, a través de defensor oficial adjunto, dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley.
¿A quién se demanda?
Tribunal de Casación Penal, Sala V, y en subsidio la decisión del Tribunal en lo Criminal N°10 que condenó a los imputados.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicitó la declaración de inaplicabilidad/inconstitucionalidad del artículo 41 quater del Código Penal y se afirmó arbitrariedad de la sentencia por indebida fundamentación, revisión aparente y vulneración de las garantías de defensa en juicio, debido proceso y doble instancia. Se pidió casación de la sentencia y el reenvío al Tribunal de Casación para nuevo pronunciamiento.
¿Qué se resolvió?
La Suprema Corte rechazó los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y condenó en costas a los recurrentes.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"III. Los recursos deben ser rechazados.
III.1. El agravio vinculado con la omisión de tratamiento de la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 quater del Código Penal, no es de recibo ya que fue introducido por la defensa de Moreno recién en el memorial de fs. 68/69 vta. (legajo n° 80.524) durante el trámite casatorio.
Adviértase que como surge del contenido de los recursos de casación (v. fs. 44/53 vta. del legajo n° 80.524 y fs. 44/53 del legajo n° 80.515) sendas defensas cuestionaron allí la arbitrariedad en la valoración de la prueba por medio de la cual se tuvo por acreditada la participación del imputado en el hecho y la calificación legal atribuida al mismo; es decir que no contenía aquel reclamo.
Entonces, si en el fallo impugnado el órgano revisor guardó silencio respecto a la validez constitucional de la agravante genérica contenida en la norma sustantiva citada, fue en razón de que dicho planteo no había sido propuesto al tribunal intermedio en la oportunidad procesal pertinente. De tal modo, no es posible predicar la arbitrariedad del fallo por no haber ingresado al tratamiento de agravios no formulados (doctr. art. 451, CPP).
El criterio empleado por el Tribunal es coincidente con el de esta Corte en cuanto a que el último párrafo del apartado cuarto del art. 451 del ritual marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos. Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP -audiencia de informes o la presentación de memorial-) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
III.2. En cuanto a la denuncia de arbitrariedad por revisión aparente, en lo referido a la subsunción del supuesto de hecho de la agravante por participación de un menor -art. 41 quater Código Penal-, se advierte que el Tribunal de Casación aplicó la doctrina legal de esta Corte, con especial análisis en las constancia de la causa que determinaban la efectiva intervención del menor en términos de coautoría y que sus consortes mayores tenían conocimiento de la minoridad de aquel, además de haber sido percibida por la propia víctima.
Por ello, y en coincidencia con el dictamen del Procurador, estimo que no ha habido infracción a la revisión amplia de conformidad con la doctrina interpretativa de dicha garantía que el recurrente cita (doctr. CIDH causa "Herrera Ulloa vs. Costa Rica"; arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP; conf. doctr. CSJN causa "Casal", Fallos: 328:3399), por lo que corresponde rechazar los recursos."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. Kogan votó por la negativa y los Dres. Genoud, de Lázzari y Torres coincidieron en el mismo sentido, por lo que la decisión fue unánime en sentido de rechazo.
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