Lozano, Julio César c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/Demanda contencioso administrativa

¿Quién es el actor?

Julio César Lozano, por apoderado, ex Intendente de la Municipalidad de Coronel Pringles.

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires, representada por el Tribunal de Cuentas.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Anulación de la resolución de fecha 18 de mayo de 1994 del Tribunal de Cuentas que formuló cargo pecuniario por $12.219,21 derivados del pago efectuado en 1986 a Gas del Estado por la reparación de un caño de gasoducto dañado en 1984 por una motoniveladora municipal.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la demanda contencioso-administrativa y se anularon los actos administrativos impugnados; costas por su orden. La Corte consideró que el Tribunal de Cuentas mantuvo un reparo insuficientemente motivado respecto de la imputación del cargo y que, pese a la ausencia de actuación administrativa para deslindar responsabilidades, correspondía un análisis motivado sobre la procedencia del resarcimiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 244 establece que todo acto de inversión de fondos públicos ejecutados al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas lleva implícita la presunción del perjuicio, correspondiendo al funcionario aportar las pruebas en contrario.

En el caso, el Tribunal de Cuentas formuló cargo pecuniario por el total del importe abonado a Gas del Estado más su actualización e intereses, no con fundamento en la falta de sustento normativo o autorización legal para formular el pago en cuestión, sino por la inobservancia de las normas reglamentarias que establecía los recaudos que debía cumplir una orden de pago y por la omisión -luego del desembolso- en la iniciación del juicio de responsabilidad respecto del agente municipal causante del daño."

"Si bien tal calificación debió ser el resultado de una investigación que analizará la totalidad de las circunstancias que rodearon el hecho, la propia normativa contenida en la Ley Orgánica de las Municipalidades indica que aquella presunción de perjuicio por la omisión de iniciar las referidas actuaciones no es absoluta.

En efecto el art. 245 de la norma citada dispone que si una municipalidad fuere condenada en juicio a pagar daños causados a terceros por actos personales de sus funcionarios, accionará regresivamente contra éstos a los efectos del resarcimiento. Pero si dicha acción no fuera iniciada el Tribunal de Cuentas, al tiempo de pronunciarse en la rendición de aquel pago, decidirá si el resarcimiento procede."

"Por los fundamentos expuesto juzgo que debe hacerse lugar a la demanda interpuesta y anularse los actos administrativos impugnados."

Nota sobre votos: El voto que abrió la sentencia (Dr. Hitters) fue acompañado por los demás jueces (de Lázzari, Negri, Pisano y Pettigiani). El acuerdo final dispone la nulidad de los actos; se siguió la regla de la mayoría.