Medina, Carlos Alberto contra Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad decreto ley 9.020/78.
El escribano Carlos A. Medina promovió acción originaria de inconstitucionalidad contra el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 por establecer la inhabilidad para ejercer la función notarial a los 75 años. La Suprema Corte declaró inconstitucional e inaplicable esa disposición respecto de su situación y ordenó al Ministro de Justicia que se abstenga de aplicarla, imponiendo las costas a la demandada.
¿Quién es el actor?
El escribano Carlos Alberto Medina, titular del Registro de Escrituras Públicas n° 3 del Partido de San Antonio de Areco.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, representada por el Asesor General de Gobierno.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita la declaración de inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 (y sus modificatorias), que establece la inhabilidad para ejercer funciones notariales al cumplir 75 años, y su inaplicabilidad preventiva respecto del actor; además se requirió medida cautelar para suspender la aplicación del precepto.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda; se declaró la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 y su inaplicabilidad a la situación de hecho del escribano Carlos Alberto Medina. Se ordenó al Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de decretar cualquier medida vinculada con el alcance de esa norma. Cesó la medida cautelar previa una vez firme la sentencia. Las costas, por mayoría, deben ser soportadas por la demandada. Se regularon honorarios al letrado del actor.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La Corte federal puntualizó que el art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78, que dispone una suerte de presunción de derecho de que quienes alcanzan la edad allí prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, resulta arbitrario debido a su generalidad y su falta de sustento racional, además de vulnerar el derecho de trabajar y la garantía de igualdad ante la ley, consagrados en la Constitución nacional y en tratados internacionales de jerarquía constitucional."
"La arbitrariedad de la norma en cuestión surge, en primer lugar, de que la limitación temporal del ejercicio de la profesión aludida no guarda adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido, pues el solo hecho de alcanzar la edad de 75 años no revela la ausencia de condiciones para cumplir la función encomendada; y, por otra parte, porque si lo que se pretende es impedir el ejercicio de la actividad por quienes carezcan de condiciones para ello, esa finalidad está suficientemente resguardada en otras normas del decreto ley 9.020/78, conforme a las cuales son inhábiles para el ejercicio de funciones notariales los incapaces y los que padezcan defectos físicos o mentales debidamente comprobados que a juicio del juez notarial importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2 y 3)."
"Por las razones expuestas, juzgo que debe hacerse lugar a la acción, declarándose la inconstitucionalidad del art. 32 inc. 1 del decreto ley 9.020/78 y sus modificatorias, y su inaplicabilidad a la situación de hecho del escribano Carlos Alberto Medina. Por consecuencia, cabe ordenar al señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga de decretar cualquier medida vinculada con el alcance de esa norma."
Sobre costas: "En suma, la imposición de costas en el ordenamiento procesal analizado no es una sanción al litigante vencido, sino el deber de resarcir al vencedor de los gastos que debió realizar para obtener el reconocimiento de su derecho. En tal entendimiento, el allanamiento en las condiciones precedentemente apuntadas, carece de aptitud para determinar la exención pretendida por el señor Asesor General de Gobierno toda vez que la Provincia demandada dio lugar a la presente reclamación, sin que a la fecha de esta sentencia se hubieran modificado las disposiciones normativas que motivaron el inicio de la controversia."
¿Cómo votaron los jueces?
El acuerdo fue integrado por los jueces Kogan, de Lázzari, Genoud, Pettigiani, Torres, Soria y Borinsky, quienes votaron por hacer lugar a la demanda y, por mayoría, disponer que las costas sean soportadas por la demandada. Los fundamentos mayoritarios se alinean con lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en in re "Franco" (12-11-2002) y precedentes de esta Suprema Corte.
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