Brown, Carlos Ramón c/Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Tribunal de Cuentas por multas y cargo patrimonial derivados de la rendición de cuentas de la Municipalidad de General San Martín, ejercicio 1991. La Corte rechazó la demanda y confirmó las resoluciones del Tribunal de Cuentas, sosteniendo la inexistencia del régimen de caducidad de competencia reclamado y la insuficiente prueba aportada por el actor para desvirtuar las observaciones del órgano de control.
¿Quién es el actor?
Carlos Ramón Brown, por su propio derecho, en su carácter de Intendente municipal.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, Tribunal de Cuentas (División Municipalidades “B” y Tribunal de Cuentas).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de las resoluciones del Tribunal de Cuentas de fechas 22-03-1995 y 12-07-1995 que aprobaron la rendición de cuentas del ejercicio 1991 con observaciones; impusieron multas por $225 y $450 y un cargo patrimonial inicialmente por $8.180,47 (reducido a $5.443,38).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda y se confirmó, en lo impugnado, las resoluciones del Tribunal de Cuentas. Las costas se imponen por su orden. Se dejaron sin efecto medidas cautelares previas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Sobre la caducidad de la competencia:
"Practicada esta reseña se aprecia claramente la inexistencia del régimen de caducidad de la competencia del Tribunal y de aprobación tácita de las cuentas municipales que postula el actor (doctr. causa B. 61.817, 'Gomez', sent. del 8-II-2006), motivo por el cual corresponde desestimar dicho acuse."
2) Sobre la carga probatoria y la confirmación de las sanciones:
"Las disposiciones contables que regulan la actuación económico financiera de los municipios tienden a procurar la corrección en el manejo e inversión de los dineros públicos... La Ley Orgánica de las Municipalidades establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales... El art. 244 establece que todo acto de inversión de fondos públicos ejecutados al margen de las normas constitucionales, legales y de ordenanzas lleva implícita la presunción del perjuicio, correspondiendo al funcionario aportar las pruebas en contrario."
"El actor se ha limitado a señalar la inexistencia de perjuicio patrimonial al erario comunal. Sin embargo, a los efectos de la configuración de la infracción imputada no resulta exigible tal menoscabo económico, motivo por el cual la defensa ensayada en este tópico resulta inaudible. Por ello y frente a la insuficiencia probatoria del accionante... corresponde confirmar la decisión por él cuestionada."
3) Sobre excesos presupuestarios:
"El reparo efectuado por el Tribunal de Cuentas y que diera origen a la multa bajo análisis, se sustentó en la verificación de excesos que no pudieron ser compensados, convirtiéndose de ese modo en extralimitaciones puras e irredimibles por total agotamiento de los medios de financiación. En esas condiciones y no habiendo cuestionado el organismo de control la naturaleza de tales gastos, las razones invocadas por el actor resultan insuficientes para descalificar la decisión atacada."
¿Cómo votaron los jueces?
Los Dres. Negri, Kogan y De Lázzari votaron por la negativa; el Dr. Soria adhirió con consideraciones adicionales. El bloque dispositivo final rechazó la demanda, por lo que la decisión de la mayoría fue confirmar las resoluciones del Tribunal de Cuentas.
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