Real, Armando Julio contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Tribunal de Cuentas por nulidad de las resoluciones que le impusieron cargos y multas derivadas de la rendición de cuentas del ejercicio 1993. La Suprema Corte rechazó la demanda y confirmó la legitimidad de las sanciones y cargos por exceder el presupuesto y por falta de documentación respaldatoria, al no acreditarse las circunstancias eximentes ni la documentación exigida.
¿Quién es el actor?
Armando Julio Real, ex Intendente municipal de Rivadavia (diciembre 1991 - diciembre 1995).
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, representada por el Honorable Tribunal de Cuentas (actos del 17/9/1997 y 1/9/1999).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de las resoluciones del Tribunal de Cuentas que formularon cargos patrimoniales y aplicaron una multa de $1.500 por excesos en la ejecución del presupuesto 1993; impugnación del rechazo del recurso de revisión; y solicitud de suspensión de ejecutoriedad (medida cautelar otorgada luego dejada sin efecto).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda y se dejó sin efecto la medida cautelar. Se impusieron las costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Corresponde, pues, examinar los agravios expuestos por el demandante para negar la existencia de las infracciones que dieron sustento a la imposición de la multa impugnada, evaluada en el considerando tercero, punto 2 de la decisión del Tribunal de Cuentas, referente a los excesos reiterados en la ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 1993."
"Considero que no le asiste razón al actor en este punto. La violación de la normativa en discusión (arts. 118 y 119, LOM), ha quedado configurada en autos por el desfase registrado entre lo efectivamente gastado y la previsión del presupuesto anual para gastos. La existencia o no de perjuicio fiscal no aparece aquí como condicionante para la aplicación de la sanción impuesta por el Tribunal de Cuentas, ya que lo que en definitiva se reprocha es la falta de ajuste a los límites presupuestarios."
"El actor no ha logrado acreditar en sede administrativa ni en la instancia judicial la existencia de la documentación faltante. Tampoco el destino de los fondos entregados. Es criterio de esta Suprema Corte que las omisiones probatorias del accionante limitan los alcances de la decisión final del Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en proceso de conocimiento, debiendo entonces cumplir con la carga probatoria respectiva (conf. art. 375, CPCC)."
"De allí surge evidente la responsabilidad del Intendente en su carácter de Jefe de la Administración comunal y de su obligación de control de la actividad de sus auxiliares (conf. arts. 241, 243 y 244, LOM y 1, Reglamento de Contabilidad). En ningún momento fueron presentados ni el contrato respaldatorio de la relación con el citado profesional, ni el resto de la documentación requerida para legitimar los pagos efectuados (conf. art. 244, LOM)."
Bloque dispositivo (sentencia final):
"Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta y se deja sin efecto la medida cautelar otorgada a fs. 25.
Las costas del juicio se imponen por su orden (arts. 17, ley 2.961; 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, dec. ley 8.904/77, conf. causa I. 73.016, 'Morcillo', resol. de 8-XI-2017)."
(Votos: el señor Juez Dr. Negri votó por la negativa; los Dres. Soria, Genoud y De Lázzari adhieren por los mismos fundamentos. Costas por su orden.)
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Leyes que cita
- Ley 13.101 de Buenos AiresModifica ley 12008(codigo procesal contencioso administrativo)
- Ley 12.008 de Buenos AiresCódigo contencioso administrativo
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