Gómez, María Luisa y otros c/Usina Popular Sebastián de María Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea s/Indemnización por enfermedad profesional (accidente)
Acción de indemnización por enfermedad profesional con controversia sobre la regulación de honorarios tras transacción homologada. La Corte, por mayoría, hizo lugar al recurso extraordinario y ordenó nueva regulación de honorarios conforme a las pautas señaladas en el voto mayoritario (art. 21 y 28 del dec. ley 8904/1977), por debajo de los mínimos exigidos en la regulación impugnada.
¿Quién es el actor?
Gómez, María Luisa y otros.
¿A quién se demanda?
Usina Popular Sebastián de María Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea (y se mencionó intervención aseguradora "La Previsión").
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por enfermedad profesional (accidente) y, en el recurso, impugnación de la regulación de honorarios profesionales practicada tras la homologación de un acuerdo transaccional.
¿Qué se resolvió?
Por mayoría, se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el letrado Aníbal Roberto Ardiles y se dejó sin efecto la regulación de honorarios de fs. 675/76 en cuanto afecta al recurrente, debiendo procederse a nueva regulación conforme a las pautas del voto de tercer término (de Lázzari), con costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario traído, con los alcances señalados en el último párrafo del voto de tercer término a la segunda cuestión."
Del voto del señor Juez doctor de Lázzari (tercer término), párrafos relevantes:
"Considerando, entonces, al ahora apelante como único letrado, tanto de la demandada como de la citada en garantía, y habiendo sido quien intervino en todas las etapas previstas en el art. 28 inc. f, de la ley arancelaria, su regulación debió encuadrarse dentro de los márgenes del art. 21 de la misma (del 8 al 25%), tomando como monto del juicio el del acuerdo transaccional homologado, esto es, la suma de ochenta y un mil pesos ($ 81.000)."
"Ahora bien: las regulaciones alcanzaron a cinco mil quinientos pesos ($ 5500) por cada litisconsorte, igualándose los intereses respectivos de ambos (art. 21, del mismo decreto). Basta, entonces, una mera operación aritmética para demostrar que tales sumas están por debajo del mínimo legal (equivale, cada una, a algo menos del 7% del monto), quedando evidenciada la errada aplicación de las normas citadas, así como la conculcación del derecho de propiedad que, según expresé al principio, autoriza este excepcional remedio."
Del voto del señor Juez doctor Salas (minoría en la segunda cuestión, pero relevante en la discusión):
"En virtud de lo expuesto y dadas las pautas consignadas por el art. 13 del dec. ley 8904/1977 tampoco demuestra el recurrente con la mera disconformidad que exhibe quebrantamiento de la proporcionalidad ni de los mínimos legales establecidos por el citado cuerpo normativo, máxime atendiendo a la actuación restringida que compete a esta Corte en materia de regulación de honorarios."
¿Cómo votaron los jueces?
los jueces de Lázzari, Negri, Hitters, Genoud y Kogan votaron a favor de la afirmativa en la segunda cuestión (hacer lugar al recurso) y la sentencia final se resolvió por mayoría conforme al voto de tercer término.
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